- Lamentable que una diputada amenace de desacatar a la SCJN
- Legisladores insisten en no trabajar desde la progresividad de los derechos humanos
Lamentable que la diputada local Nancy Xóchitl Macías Pacheco haya hecho evidente su desconocimiento de lo que significa una acción de inconstitucionalidad y de las acciones que implementa la Corte, su trabajo, funciones y el impacto que tiene en los congresos locales, expuso Angélica Contreras, coordinadora de Cultivando Género, una de las organizaciones de la sociedad civil que interpuso el amparo encaminado a invalidar el delito de aborto del Código Civil de Aguascalientes y que está en espera de subir al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La activista explicó que se acude ante la SCJN a fin de que se corrija la falta de técnica legislativa en determinaciones o leyes que son contrarias a la Carta magna, no con la intención de imponer ideología alguna, aunque sí contra aquellas imposiciones que se pretenden hacer aún en contra de lo que señala la Constitución, al recordar que al menos en seis ocasiones se pretendió, desde el Congreso del Estado, “proteger la vida desde la concepción y hasta la muerte natural”.
“Se los habíamos dicho que era inconstitucional mucho antes, de hecho, el que la misma Corte lo declarara así en el 2021 justamente después de que se vota en Aguascalientes en el 2020, por eso presentamos la Acción de Inconstitucionalidad”, destacó Angélica Contreras al subrayar que este procedimiento legal trajo como consecuencia que la Corte observara al Congreso de Aguascalientes que los poderes legislativos estatales no pueden alterar los parámetros constitucionales de derechos humanos definiendo el concepto de “persona”; “sabíamos que era inconstitucional, se los dijimos, y aun así les valió y lo votaron”.
Subrayó que la advertencia de descartar el posible dictamen que emita la SCJN por parte de un legislador local no es ninguna novedad, ni tampoco será la primera ocasión que el máximo tribunal del país le corrija la plana al Legislativo a pesar de que las organizaciones de la sociedad civil les alerten al respecto; aunque seguramente de eso no está enterada la diputada panista.
“Les hemos insistido que deben trabajar para todas las personas; también tienen que trabajar desde los derechos humanos, con una perspectiva de progresividad en los derechos humanos y la Corte les está corrigiendo. ¿Por qué? Porque no lo están haciendo. Si el Congreso escuchará las opiniones que se tienen desde la academia, desde la sociedad civil, otro trabajo se estaría realizando y justamente eso va a pasar ahora que la Corte vote”, pronosticó la activista
Las organizaciones de la sociedad civil que interpusieron el amparo para que se dejen de aplicar determinados artículos del Código Penal que consideran el aborto como un delito son: Cultivando Género, Morras Help Morras, TERFU, CECADEC y GIRE, mismas que esperan que en corto plazo subirá el amparo al pleno de la SCJN.
