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sábado, enero 17, 2026

“El de la malicia efectiva es usted”, dice AMLO en la carta que envió al juez Martín Santos 

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Andrés Manuel López Obrador difundió la carta que envió al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y al juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, Martín Santos Pérez, en la que lo señala por otorgar recursos legales relacionados con los casos de Genaro García Luna, el “cartel inmobiliario”, los cigarros electrónicos y las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. “No es ningún pleito, es un buen debate”. 

“No tengo duda que usted actúa como juez de consigna. Es usted quien se ha dedicado a proteger delincuentes y promover decisiones de grupos de intereses creados que afectan el interés público y dañan al pueblo”, le expresa en la carta. 

El mandatario federal hizo referencia a la resolución promovida por los abogados de Claudio X. González “y su pandilla a favor de la señora Xóchitl Gálvez” que le ordena a él y a la Secretaría de Hacienda, al SAT, a la UIF y a la CNBV callar, censurar información que, asegura, debe ser pública y que obtuvo como parte del enorme acervo de mensajes y documentos que recibe diariamente por parte de la ciudadanía. 

Le reprocha de la acusación por “propiciar un discurso de odio” por dar a conocer contratos firmados en los últimos nueve años por empresas de Xóchitl Gálvez y su familia por más de mil 400 millones de pesos, de los cuales el 70% se celebraron en la alcaldía Miguel Hidalgo, demarcación donde “casualmente” ella fungió como jefa delegacional entre 2015 y 2018. “Advierte ‘malicia efectiva’ de mi parte, pero el de la malicia efectiva es usted”. 

Los recursos que le reprocha son una suspensión a Joaquín Guzmán Loera para evitar su extradición a Estados Unidos y agregó: “Quién iba a saber que ese mismo juez que ahora está queriéndome callar, silenciar, censurar le concedió una suspensión” al narcotraficante. 

También expone que este juez ordenó el desbloqueo de las cuentas bancarias del exalcalde de Benito Juárez Christian von Roehrich, por el caso del llamado “cártel inmobiliario”; también ordenó modificar el plan nacional de vacunación contra covid-19 en la etapa más crítica de la pandemia y lo calificó de “simplista”. 

Lo señala por permitir que las tabacaleras se impusieran a la salud pública autorizando la comercialización de cigarrillos electrónicos y el consumo de tabaco en restaurantes; también pretendió suspender el programa piloto para aplicar el Plan de Estudios para Preescolar, Primaria y Secundaria del ciclo 2022-2023. 

Juzga que el juez echó abajo la prohibición de incluir personajes infantiles en los empaques de los productos “chatarra”; quiso impedir que las Fuerzas Armadas participaran en labores de seguridad pública hasta 2024 “durante el proceso de conformación de la Guardia Nacional”: 

El presidente expuso que comprende que “los supuestos defensores de la ley, se escudan en el llamado ‘estado de derecho’, que no es más que un estado de chueco y que la justicia no les importa; sin embargo, para nosotros el fin principal es desterrar la corrupción y conseguir la felicidad del pueblo”. 

En la misiva le hizo saber que también la enviaría al Consejo de la Judicatura Federal para que investigue su actuación que, afirma, evidencia su deshonestidad, que es apegada a los conservadores y un “claro interés político de afectar el proyecto que represento y que millones de mexicanas y mexicanos apoyaron con su voto en 2018 y que siguen respaldando”. 

El jefe del Ejecutivo federal contestó porque además de la sanción del Tribunal Electoral “tan objetiva, profesional, tan apegada a la verdad, al derecho, la justicia; además de esto un grupo de abogados del mismo bloque conservador al servicio de Claudio X. González, donde está Gómez Mont, -que fue secretario de Gobernación de Calderón y de abogados de grandes empresas que se beneficiaron cuando rompieron la piñata- estos abogados presentaron también, asesorando a la señora presentaron una queja y el juez la amparó y no quiere que yo mencione nada, cuando lo que hice fue dar a conocer unos papeles donde presuntamente hay actos de corrupción”. 

Lo hizo con apego al plazo de 48 horas para responder a lo señalado en el recurso legal y porque “esto ayuda mucho a purificar la vida pública”.

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