Sabemos que la justicia es un ideal humano que unas veces pareciera inasible y otras una utopía inalcanzable. Tal vez por eso importe no perder de vista su importancia. Como quiera que sea, la creciente complejidad de las relaciones humanas en las sociedades contemporáneas nos obliga a tomar debida nota y adaptar las instituciones del estado nación que tenemos, con todas sus carencias, a las circunstancias actuales. Por eso los ideales fundantes del Estado, tales como el de la justicia cotidiana, que subyace indudablemente en la razón de ser de las instituciones responsables de esta función, se va desdoblando en diferentes tipos o clases: justicia social, ambiental, climática o hídrica, por ejemplo, las cuales requieren cada vez más del uso de instrumentos o herramientas que nos permitan medir bajo ciertos parámetros objetivos la transparencia y actuación de las instituciones públicas encargadas de administrar e impartir justicia. Y sobre todo en un país como el México actual.
Sin duda uno de los retos más importantes que enfrentan las instituciones públicas, y en especial las relacionadas con la justicia, es la transparencia y rendición de cuentas. Por eso es especialmente deseable conocer esfuerzos como el presentado recientemente por el World Justice Project (WSP), que en días pasados presentó públicamente su Métrica de Justicia Abierta, (MJA)que es un ejercicio de medición que tiene como objetivo ofrecer una radiografía del estado de apertura que se ofrece en las instituciones y en los servicios de procuración, impartición, administración y acompañamiento a las personas usuarias en los procedimientos de justicia en México. La MJA se concentra en medir la apertura institucional a través de cuatro dimensiones: la transparencia; la participación de la ciudadanía con estas; la colaboración, centrada en la retroalimentación e incidencia de la ciudadanía en las decisiones públicas; y en la rendición de cuentas, incluyendo los distintos mecanismos para prevenir y denunciar las arbitrariedades y los posibles actos de corrupción.
La métrica está integrada por las cuatro dimensiones mencionadas, diez subíndices y 42 variables, aplicables al “ecosistema de justicia” federal y estatal, compuesto por 233 distintas instituciones que procuran o imparten justicia. El ecosistema está conformado por las instituciones jurisdiccionales; las no jurisdiccionales encargadas de la protección, acompañamiento y garantía del acceso a la justicia y de los derechos humanos y las encargadas de la investigación y sanción del delito. Por lo tanto, el universo de las instituciones evaluadas incluye a los Tribunales Superiores de Justicia, a las Instancias y Comisiones de Atención a Víctimas, Centros de Justicia para Mujeres y las Comisiones de Derechos Humanos, las Procuradurías Especializadas, las Fiscalías y Procuraciones Generales de Justicia, además de las instancias implementadoras del Sistema de Justicia Penal e instancias coordinadoras de los sistemas penitenciarios.
Dice el WJP-México, que el propósito principal de la MJA es proporcionar una línea de base sobre el estado de apertura de las instituciones y los servicios encargados de la procuración, impartición, administración y acompañamiento en los procedimientos de justicia en México, con la finalidad de recabar evidencia que les permita construir y mejorar sus políticas de apertura. La base se conforma por 42 variables sobre transparencia, participación, colaboración y rendición de cuentas, que fija estándares de actuación oficial que califican la actuación institucional.
Un antecedente relevante es la Métrica de Gobierno Abierto (MGA) del INAI, cuya metodología sirvió de aproximación inicial. Similar a ella, la MJA analiza las dimensiones de la transparencia y la participación, pero también incorpora otras dimensiones, las de la colaboración y la rendición de cuentas, por medio de indicadores de apertura especializados y adaptados a las funciones sustantivas de las diversas entidades públicas del ya mencionado ecosistema de justicia. A su vez, la tipología de sujetos obligados es distinta, de la misma forma que su alcance en tanto que la MJA posee un enfoque censal que abarca a todos los sujetos obligados del ecosistema de justicia de los órdenes federal y estatal, mientras que la MGA posee un enfoque muestral.
Entre los hallazgos más relevantes destaca, primero, que la publicidad de las resoluciones definitivas dentro de los órganos que las producen dentro del ecosistema, es todavía una tarea asumida y realizada sin regularidad al interior del ecosistema de justicia, puesto que apenas alcanzó un puntaje de 0.61. Aunque se encontró que existe cumplimiento general en la publicidad de las obligaciones de transparencia, reflejado en un puntaje de 0.99, la gestión de los archivos sigue siendo incipiente, con un puntaje de 0.24, lo cual causa preocupación en tanto los archivos son la base para la eficacia del derecho de acceso a la información. Segundo, la oferta de servicios digitales en el sector justicia es todavía bastante precaria. Si bien pueden tramitarse servicios de manera digital en algunas instituciones, lo que está reflejado en un puntaje de 0.62, la accesibilidad de los servicios digitales es baja, con una calificación de 0.31, además de que la posibilidad de consultar el expediente íntegro es mucho menor, recibiendo un puntaje de 0.19. Tercero, son pocas las instituciones del ecosistema que cuentan con mecanismos para denunciar faltas y delitos de corrupción, reflejado en un puntaje de 0.26, y los protocolos de protección a denunciantes son casi inexistentes, con un puntaje de 0.08. Además, algunos mecanismos preventivos –como la obligación para quienes desempeñan una función pública de presentar la declaración patrimonial– apenas alcanzaron un puntaje de 0.46, a pesar de haber sido una de las peticiones más claras de la movilización ciudadana que impulsó la reforma en materia de combate a la corrupción.
Adicionalmente a la MJA, se llevó a cabo un estudio a profundidad sobre los órganos jurisdiccionales con base en variables de apertura aplicables –en forma exclusiva– para este tipo de sujetos obligados, por su naturaleza especializada en la resolución de controversias y la toma de decisiones jurídicas basadas en estándares, criterios y normas. A raíz de esto, se desarrolló el Módulo de Apertura Jurisdiccional (MAJ) para analizar a 124 sujetos obligados, integrado por una sola dimensión llamada apertura jurisdiccional, cuatro subíndices y 12 variables. La calificación promedio global del Módulo de Apertura Jurisdiccional fue de 0.26. En contraste con la Métrica de Justicia Abierta, la perspectiva institucional obtuvo el puntaje más alto, de 0.49, mientras que la perspectiva ciudadana obtuvo solo 0.04. La perspectiva institucional está integrada por nueve variables, que en su mayoría verifican el cumplimiento de las obligaciones, incluyendo la publicación de la lista de acuerdos o las versiones estenográficas. En contraste, en la perspectiva ciudadana, que está conformada por tres variables, se analizan prácticas relevantes como la recepción de los amicus curiae, pero que no cuentan con un mandato legal específico, salvo en contadas excepciones. Dice el WJP que el bajo puntaje de la perspectiva ciudadana refleja la débil o tal vez inexistente vinculación entre los órganos jurisdiccionales y la ciudadanía en relación con la deliberación jurisdiccional, con un resultado de 0.07; y también con la optimización en la publicidad y accesibilidad de las resoluciones, con un 0.01. Estos hallazgos demuestran para el WJP-México, que los órganos jurisdiccionales actúan de manera hermética y sin incorporar la reflexión que proviene de la ciudadanía. Esta primera edición del MJA busca entonces aclarar retos y oportunidades en materia de apertura para mejorar la calidad y el acceso a los servicios de justicia que se ofrecen a las personas, lo que resultará en un mejor entendimiento de sus necesidades, a la par del respeto y la garantía de sus derechos. A su vez, una mayor y mejor transparencia, participación, colaboración y rendición de cuentas fortalecerá la integridad pública y la confianza en las instituciones que tienen que ver con la justicia. Ante los hallazgos de la métrica descrita, es obligado preguntarnos sobre el papel juega en el llamado “ecosistema de la justicia” la voluntad política de los actores involucrados en avanzar hacia la imparable democratización de la justicia en México, que no puede tener vuelta atrás.
@efpasillas
