Enrique F. Pasillas Pineda
Tienen razón quienes dicen que nos faltan 43 y muchos más, pero lo cierto es que la falta de los 43 y también de muchos más simbolizan y representan fielmente el estado de cosas que para desgracia social prevalecen en el tema de seguridad y justicia ciudadanas en nuestra traicionada y maltrecha república. No sólo en Guerrero, sino en todo el país: de norte a sur y de este a oeste.
Y así es como el pasado 26 de septiembre se cumplieron 9 años de la desaparición forzada (crimen de lesa humanidad que no prescribe a cargo de agentes del Estado mexicano) de 43 estudiantes de origen campesino e indígena que aspiraban a ser profesores rurales y servir a su comunidad. Hoy sabemos que en la estela de desapariciones y asesinatos de ese día y de los que les siguieron, estuvieron y están involucrados todo tipo de autoridades públicas de los tres niveles de gobierno, incluidos, claro está, elementos del ejército de al menos dos batallones destacados en dicha región. Ya sabemos que no es todo el ejército, claro. Pero al menos 20 indiciados hasta el momento sí. También sabemos que entre los desaparecidos hay al menos un soldado infiltrado en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa por el propio ejército como estudiante con tareas de espionaje, mismo que permanece en paradero desconocido hasta donde se sabe. Se presume, por los peritajes y las investigaciones realizadas, que los mandos de dicho soldado infiltrado no movieron un dedo para buscar a su propio elemento desaparecido hasta ahora. Y no se piense que la infiltración fue una ocurrencia de algún mando en Guerrero involucrado en el trasiego y tráfico de armas y drogas. Dicha infiltración obedece a una política castrense de amplio espectro.
También sabemos, como lo ha demostrado repetidamente el GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes enviado por la Organización de Estados Americanos, OEA) que el gobierno en turno intentó dar una versión falsa sobre los incidentes violentos en Iguala a la que se ha dado en llamar “verdad histórica” y así cerrar el caso, de ahí el célebre “ya supérenlo” de Peña; y que derivado de ello hay un ex procurador de la república encarcelado por su responsabilidad en el ocultamiento y distorsión de los hechos, así como un jefe policiaco mafioso, ahora huido y protegido por el estado terrorista Israelí por su también directa implicación en el espionaje ilegal del malware Pegasus.
También sabemos que las diferentes agencias gubernamentales antidrogas gringas, algunas desde Chicago, seguían e intervenían en tiempo real las comunicaciones de a las mafias que actuaban en Iguala desde al menos seis meses antes de los hechos de Iguala, y quienes no han dicho aún todo lo que saben.
Sabemos que un fiscal que parecía dar resultados fue obligado a renunciar, junto con la mayor parte de su equipo, y que el GIEI ha decidido terminar anticipadamente su mandato ante la serie de obstáculos puestos por el ejército para abrir sus archivos.
Lo que no sabemos, aunque lo podemos suponer, es por qué el rompecabezas de Iguala le faltan aún las piezas principales, a pesar de la voluntad empeñada públicamente por el presidente de la república, donde la responsabilidad política por los hechos de Iguala no se agota en un alcalde devenido en gángster o en algunos militares procesados, sino que escala al primer nivel de responsabilidad política de aquél momento y no solo en el ex procurador encarcelado.
Para la historia queda el ejemplo de nueve años y contando de las madres, padres y familiares y grupos de apoyo (Tlachinolan, Prodh, FrayBa, entre otros), que con su lucha inquebrantable para encontrar a sus hijos nos dan a toda la sociedad mexicana, una enorme lección ética y moral.
No sabemos cómo ni cuándo habrán de rendir cuentas todos o al menos la mayor parte de los responsables políticos y operativos que aún viven de esta tragedia que marca desde entonces y para mal la vida pública en México, pero lo que sí sabemos de cierto es que no dejaremos, cada cual desde su propio espacio y capacidades, de acompañar al colectivo de madres y padres agraviados con justa causa y de reclamar justicia, memoria y reparación no sólo para las familias afectadas con este crimen sino para toda la sociedad mexicana. No en este caso paradigmático de la injusticia y la corrupción sistémicas (pactos de impunidad, se les llama desde la academia), sino en todos análogos aquellos donde se presuma la desaparición forzada de personas a cargo de agentes del estado mexicano. No importa como se llamen ni cual sea su jerarquía, porque la infamia los persigue allá donde vayan. Vivos los llevaron, vivos los queremos.
Cola. Para una reseña actual sobre el caso que no deja indiferente, se puede ver a Gibler: https://shorturl.at/FKRV2
@efpasillas
