“Existían vínculos entre autoridades de los tres niveles de gobierno, incluidos efectivos del Ejército y la Policía Federal, con el grupo delictivo señalado como el perpetrador de los crímenes”, dice el documento presentado a los padres de los normalistas y que fue dado a conocer este martes 26 de septiembre
La “Narrativa de los hechos de acuerdo con la investigación realizada”, sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, presentada el 26 de septiembre a los padres de los normalistas y hecha pública este día, durante la manifestación de protesta por la falta de claridad en la investigación a nueve años de los hechos, involucra a elementos militares en la desaparición forzada de los normalistas.
“Derivado de diversas declaraciones de distintos testigos, así como mensajes de texto aportados por la DEA, se vinculan con Guerreros Unidos el capitán José Martínez Crespo, el entonces coronel Rafael Hernández Nieto, comandante del 41 Batallón y el entonces coronel José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, quien fue promovido a general en el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con la administración de Andrés Manuel López Obrador, “existían vínculos entre autoridades de los tres niveles de gobierno, incluidos efectivos del Ejército y la Policía Federal, con el grupo delictivo señalado como el perpetrador de los crímenes. Militares y federales (quienes) recibían dinero de Guerreros Unidos, proveían armas y municiones, facilitaban el trasiego de drogas y brindaban protección al grupo delictivo”.
Otros funcionarios vinculados con ese grupo criminal son el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, hermana de Salomón y Alberto Pineda Villa, quienes -según el informe-, eran gente del cártel de los Beltrán Leyva; el presidente municipal de Cocula, César Miguel Peñaloza Santana; los jefes de las policías municipales de Huitzuco, Cocula, Tepecoacuilco e Iguala, quienes a la par eran integrantes de Guerreros Unidos.
“Un indicador del alto nivel de corrupción al interior de las policías municipales es el caso de ‘Los Bélicos’, grupo élite de la policía de Iguala. Éste estaba conformado por aproximadamente 40 elementos, comandados por Francisco Salgado Valladares, subdirector de la policía municipal de Iguala. También había penetración del crimen organizado en las policías de Cocula, Huitzuco y Tepecoacuilco”.
Según el informe, es probable que a los estudiantes se les haya separado en al menos tres grupos y que los hayan llevado a diferentes lugares para su ejecución y desaparición en los municipios de Cocula, Cuetzala del Progreso, Eduardo Neri, Huitzuco, Iguala, San Miguel Totolapan, Taxco, Teloloapan y Tepecoacuilco.
Por ello, considera que existieron varios factores que llevaron a integrantes de Guerreros Unidos a desaparecer a los estudiantes: “Confusión de los Guerreros Unidos respecto a la presunta infiltración de Los Rojos entre los estudiantes de Ayotzinapa, en el contexto de la disputa por la plaza de la región de Iguala”.
“La intención de dar un escarmiento a los estudiantes en un contexto de amenazas de parte del alcalde (de Iguala) José Luis Abarca y Guerreros Unidos, tras las protestas y destrozos al palacio municipal de Iguala, por la desaparición y asesinato de los dirigentes sociales Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Félix Rafael Bandera. El trasiego de drogas y la eventual presencia de droga, armas o dinero en alguno de los autobuses tomados”.
