- Piden a gobernadora asumir como un reto el esclarecimiento del mal uso de recursos públicos
- Dan voto de confianza a MIAA y esperan que exrector “obsequie su separación” del consejo
El Observatorio Ciudadano Electoral y de Gobierno (OCEGA) presentó un exhorto a la gobernadora para asumir personalmente la resolución de la estafa Ponzi como un reto para su administración, dadas las implicaciones sociales y financieras que esto representa, y sentar así un precedente en el desarrollo de la función pública, así como un ejemplo de la integridad del servicio público.
En una recomendación presentada al Ayuntamiento de Aguascalientes, en la que además de dar al Cabildo un voto de confianza en la operación del servicio de agua a la ciudadanía, una vez que deje de estar en manos de la concesionaria Veolia; la OCEGA señala la conveniencia de que el exrector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), Javier Avelar, ahora integrante del consejo ciudadano del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA), “obsequie su separación”.
“Dado el escándalo mediático en que se ha visto envuelto, consideramos que quizá, en el ánimo de contribuir a un mejor nacimiento del modelo, el propio exrector quiera obsequiar su separación temporal del Consejo Ciudadano, en tanto se esclarecen los hechos conocidos como la estafa Ponzi”.
En rueda de prensa, integrantes de la OCEGA coordinados por su presidenta Socorro Ramírez, informaron que los exhortos fueron presentados formalmente en las oficinas de la representante del Ejecutivo estatal, María Teresa Jiménez Esquivel, y de la administración municipal, con petición obtener una respuesta, al considerar que la estafa que involucró a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Fiscalía General del estado y el ISSSSPEA, representa “una crisis estatal de credibilidad y confianza en las instituciones señaladas, por lo menos, y en la administración estatal vigente”.
El pasado 02 de octubre del presente, el diario español El País, publicó un artículo denominado “La estafa Ponzi con la que dos empresarios robaron al gobierno mexicano seis mil millones de pesos”. En el artículo fue revelado, que Aguascalientes habría participado de esa estafa a través de tres instituciones que reciben para su funcionamiento fondos públicos estatales.
Dado que la suma del dinero público estatal es de alrededor de los quinientos mil millones de pesos, cantidad que, de actualizarse y comprobarse, causaría un impresionante boquete a las finanzas públicas, por lo que semejante suma de dinero necesariamente causa daño financiero público como efecto inmediato; “además está el efecto social al conocerse el fraude señalado, es exponencialmente lesivo a la confianza ciudadana en las instituciones participantes”, señaló Socorro Ramírez, presidenta de OCESA.
La activista compartió el sentir de los integrantes de la organización al manifestar no haber duda en que, a partir de la estafa, existe una crisis estatal de credibilidad y confianza “De manera respetuosa, a que en su carácter de primera figura política, máxima responsable del correcto funcionamiento de la administración pública estatal y lideresa de la presente etapa histórica-social de Aguascalientes, le exhortamos a que asuma usted directamente este asunto público, como el más importante reto de su administración hasta el momento, dadas las implicaciones financieras y sociales que representa”.
A decir de los activistas, nunca se puso en la palestra un asunto que destacara la responsabilidad de los servidores públicos, los límites en su actuación, el uso debido o indebido de sus funciones, la posible corrupción en su conducción y el alcance a los diferentes niveles de gobierno del estado.
