Abren carpeta de investigación en Aguascalientes por filtración de fotografías y certificado de defunción de le magistrade - LJA Aguascalientes
18/05/2024

Se abrió una carpeta de investigación por la filtración de fotografías y certificado de defunción en relación al homicidio ocurrido el pasado 13 de noviembre al norte de nuestra ciudad, mismas que han sido circuladas por redes sociales.

De acuerdo a la información proporcionada, el delito que se persigue es de oficio, bajo la carpeta de investigación CI/AGS/30817/11-23, y es por afectar la Dignidad de los Muertos, que viene estipulado en el artículo 183 fracción VI del Código Penal para el Estado de Aguascalientes.

De acuerdo a lo que señala la fracción VI del mencionado artículo, se cataloga como un delito el fotografiar o videograbar, así como difundir o permitir la difusión por cualquier medio, de las imágenes o videos de uno de los cadáveres, restos humanos, documentos o datos que permitan su identificación, sin la autorización de los ofendidos o de la autoridad competente.

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Se señala que a quien se encuentre responsable de las conductas antes descritas, se le aplicarán de 6 meses a 3 años de prisión, de 15 a 50 días de multa y el pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.

Es de mencionar que en el año 2019 se le agregó a este delito que “si quien comete este delito es servidor público o que por su trabajo o labores se encuentre bajo su resguardo o custodia el cadáver o restos humanos, las penas se incrementarán en una tercera parte en sus mínimos y máximos”.

Lo anterior también fue señalado en el Senado de la República, donde la senadora Olga Sánchez Cordero recordó que el Senado aprobó por unanimidad sanciones importantes para los servidores públicos que filtraran imágenes de una persona, de un cadáver y, “lamentablemente, en este caso eso ocurre atentando el honor y los derechos fundamentales de le magistrade”.

De igual forma, el tema fue tocado por los legisladores locales Sanjuana Martínez Meléndez y Emanuelle Sánchez Nájera, quienes coincidieron en que ya existe un marco jurídico para evitar que imágenes de este tipo se filtren.

Sánchez Nájera hizo un llamado a la autoridad para determinar a quién se le puede llamar a participar de una investigación: “y el llamado es a saber de dónde pudieron haberse filtrado las fotos, qué se debe de hacer para que no ocurra y quién debe de pagar las consecuencias de que esta situación haya ocurrido”.

Sin embargo, dijo, en ningún momento se debe de atentar contra la libertad de expresión ni los derechos de las personas.



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