Por unanimidad de votos el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó por notoriamente improcedente la petición de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal para que el ministro Javier Laynez Potisek no resuelva la impugnación contra la eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF).
En cuestión de 5 minutos los 10 ministros del pleno de la Corte coincidieron con Laynez en que la ley no establece la posibilidad de plantear impedimentos cuando se trata de acciones de inconstitucionalidad ni en controversias constitucionales.
Laynez reconoció que las únicas veces en que la Corte ha permitido la procedencia de algún impedimento en este tipo de juicios, han sido cuando estos son planteados por el ministro o ministra ponente.
Esto, bajo el argumento de que participó, antes de llegar al Máximo Tribunal, en la discusión, aprobación y redacción de alguna norma de carácter general, que son las que se someten a consideración del pleno en acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales. “No me considero impedido, me parece que no existe impedimento y no considero que esté en absoluto afectada la objetividad en este asunto”, señaló Laynez.
Por ello, solicitó a sus compañeros en pleno desechar por notoriamente improcedente la petición de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, propuesta que fue avalada por todos los ministros sin más intervenciones.
Con la resolución emitida por el pleno, la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal ya no cuenta con recursos para retrasar el análisis que el ministro Laynez debe realizar sobre la eliminación de los fideicomisos del PJF.
Esta reforma, impugnada por los senadores de la oposición, provocó que por primera vez en el PJF los trabajadores salieran a las calles a protestar contra el Poder Legislativo al considerar que la eliminación de 13 de sus 14 fideicomisos les puede afectar.
Previo a la aprobación de la reforma el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que los fideicomisos del PJF sólo beneficiaban a los ministros de la Corte.
De acuerdo con la información difundida por la SCJN y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) esos recursos no son utilizados para pagar las prestaciones de los ministros sino de trabajadores que están en carrera judicial y de aquellos que tienen los salarios más bajos en el PJF.
La reforma establece que los recursos de los fideicomisos eliminados, que ascienden a más de 15 mil millones de pesos, sean transferidos a la Tesorería de la Federación (TESOFE).
El presidente López Obrador propuso utilizarlos para apoyar a los damnificados del huracán Otis en Acapulco, Guerrero, propuesta que fue aceptada por la ministra presidente, Norma Lucía Piña Hernández.
Sin embargo, trabajadores sindicalizados y juzgadores tramitaron amparos colectivos contra la reforma en los que les fueron concedidas suspensiones provisionales y definitivas que impiden la utilización de los recursos de los fideicomisos para fines distintos para los cuales fueron constituidos dichos instrumentos financieros.
En consecuencia, mientras los amparos y la acción de inconstitucionalidad no sean resueltos, esos recursos no pueden ser utilizados por el Ejecutivo federal para apoyar a los damnificados de Acapulco.
