Se abre investigación en Aguascalientes por la filtración de imágenes del caso de le magistrade Ociel Baena - LJA Aguascalientes
15/06/2024

El lunes 13 de noviembre de 2023 se encontró sin vida a Jesús Ociel Baena, magistrade del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, y su pareja Dorian Herrera, en su domicilio en Aguascalientes. Este caso conmocionó a la sociedad mexicana, especialmente a la comunidad LBGTTTIQ+, quienes de inmediato exigieron que se esclarezca el caso.

A partir de este lamentable suceso, se ha señalado a la Fiscalía del Estado de Aguascalientes y demás autoridades involucradas por severas fallas en la investigación y procuración de justicia. Fotografías de la escena fueron filtradas a medios de comunicación, las cuales fueron publicadas en la portada de diarios locales y también en redes sociales de sus empleados.

Además, la Fiscalía mencionó que se trataba de un crimen pasional, señalando un conflicto entre la pareja que llevó a la muerte de ambas personas. Estas acciones han sido criticadas por carecer de un debido proceso, pues la investigación aún no concluye y revictimiza a la Ociel y Dorian.

Debido a la filtración y publicación de fotografías, la Fiscalía estatal abrió una carpeta de investigación para determinar responsabilidades, pues podría tratarse de un delito tipificado en el Artículo 183 del Código Penal Estatal. “Se abrió carpeta de oficio CI/AGS/30817/11-23 por las fotos que se filtraron y andan circulando en redes sociales, así como el certificado de defunción“, señaló en un comunicado.

Además del Código Penal Estatal, estas acciones violan el Código Penal Federal, el cual fue reformado en su Artículo 225 luego de la Ley Ingrid, la cual establece sanciones para servidores públicos que filtren imágenes de víctimas de violencia, especialmente homicidios y feminicidios.

Cabe señalar que estas leyes prevén hasta 3 años de prisión para las personas que difundan sin autorización imágenes de cuerpos sin vida, además de 2 a 6 años de cárcel para servidores públicos responsables de filtración y una multa de 500 mil pesos.

La investigación de la fiscalía por estos hechos comenzó a partir de las protestas de la comunidad LGBTTTIQ+, organizaciones civiles y la sociedad civil tras la publicación de imágenes y demás conductas revictimizantes, las cuales entorpecen la administración de justicia.


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