Se hizo hincapié en que, en Aguascalientes, a la fecha no se tiene registro alguno de asesinatos a periodistas o defensores de los derechos humanos por sus labores.
Fue aprobada por unanimidad la “Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para el Estado de Aguascalientes”, misma que fue presentada por las legisladoras Nancy Gutiérrez Ruvalcaba y por Leslie Figueroa Treviño.
Entre las consideraciones que se tomaron en cuenta para que se aprobara esta Ley fue el antecedente que existe en cuanto al número de asesinatos que se han cometido en nuestro país en el presente siglo.
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El dictamen señala que de acuerdo a la Asociación Civil Artículo 19, cuya labor se desarrolla en México y en Centroamérica, del año 2000 a la fecha se han documentado 156 asesinatos de periodistas en México, en posible relación con su labor, del total, 144 son hombres y 12 son mujeres.
Se señala que Veracruz es el estado con el mayor registro de asesinatos de periodistas con un total de 31 decesos.
Otro aspecto que se consideró fue el hecho de que en el año 2021 México fuera catalogado como el tercero con más asesinatos de periodistas a nivel mundial, sólo por debajo de países como Irak y Siria, lo que pone en evidencia los riesgos a los cuales se enfrentan los comunicadores al momento de ejercer su derecho a la libertad de expresión.
Asimismo, se señaló que en situación similar se encuentran las personas defensoras de los derechos humanos en nuestro país, quienes han sido víctimas de agresiones, persecuciones, intimidaciones, vigilancia y muerte por parte de las autoridades gubernamentales y organizaciones delictivas.
Se hizo hincapié en que, en nuestro estado, a la fecha no se tiene registro alguno de asesinatos a periodistas o defensores de los derechos humanos por sus labores, sin embargo, esto no significa que en nuestra entidad se esté exento de sufrir estos preocupantes sucesos.
De acuerdo al investigador de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), Salvador de León Vázquez, en nuestro estado lo que ocurre en relación a estos gremios es de baja intensidad, pues, aunque no hay agresiones contra periodistas, la forma de violencia que sufren es una violencia simbólica, misma que se refiere a la precarización del trabajo periodístico, generando una violencia estructural.
A pesar de que se han presentado pocas agresiones físicas a periodistas en el estado, el investigador no duda de que éstas ocurran y no sean denunciadas, ya que los periodistas evitan arriesgarse al hacerlo público, ya que se ha sabido de casos que reciben amenazas anónimas o les han hackeado los portales digitales, lo cual también es un delito en contra de la libertad de expresión.
