El sistema tarifario del agua en México presenta diversas problemáticas que derivan en una gestión ineficiente. Una de ellas es la falta de transparencia por parte de los gobiernos en la fijación de las tarifas. En prácticamente todos los casos, las metodologías y los criterios utilizados para determinar las tarifas del agua no son claros.
En septiembre de este año, en Aguascalientes, El Congreso del Estado avaló la Ley de Hacienda y la Ley de Ingresos del Municipio de la capital, con el fin de establecer las tarifas del agua potable para lo que resta del año 2023.
Dichas reformas presentadas por el presidente municipal de Aguascalientes, también establecen los sujetos, bases, tasas y épocas de pago por los servicios del agua, alcantarillado y saneamiento, a consecuencia de la creación del Modelo Integral de Aguas (MIAA). Esto deja a los usuarios en una situación de vulnerabilidad e incertidumbre, ya que las tarifas no reflejan el verdadero costo del suministro para beneficiar a los sectores más desfavorecidos.
El esquema actual de subsidios es ineficiente en el sentido que beneficia de forma desproporcionada a grandes consumidores, y, en el caso del municipio capital, queda a servidumbre de la temporada electoral; basta recordar el Fondo de Apoyo Social (FAS) otorgado a través de CCAPAMA, cuyo objetivo era beneficiar a los adultos mayores, pensionados, jubilados, madres solteras y personas de escasos recursos, y que “casualmente” en 2021 promovió recibos a 1 peso para balancear el costo político de las elecciones de ese año.
Según la base de datos del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) hay empresas y personas que tienen a su disposición tanta agua que, con ella, sería posible atender a comunidades completas. En esa lista destacan las mineras, las embotelladoras de refrescos y agua, las acereras, las cerveceras, las grandes empresas agrícolas, ganaderas y avícolas.
En la entidad, las empresas del sector automotriz abarcan la mayor demanda de agua potable por parte de la industria asentada en Aguascalientes, con un volumen de 10 mil millones de litros anuales, que se extraen de 96 pozos autorizados por la delegación federal de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).
Es bien sabido que en Aguascalientes se ha condonado el pago del agua a algunas empresas multinacionales, a cambio del beneficio social por empleos generados, por lo que habrá que evaluar en este sentido, el tamaño de la población, el estrés hídrico de la región, las sequías y el crecimiento económico con tarifas que vayan de la mano con las asignaciones de recursos federales a la entidad.
Por estas razones, es urgente replantear el sistema tarifario de agua potable en México, respetando las facultades de los gobiernos subnacionales, pero sin caer en el cálculo a dedazo o sin base técnica sustentada, como ha ocurrido en Aguascalientes con su organismo regulador, y cuyas tarifas fueron aprobadas por el Ayuntamiento recientemente para comenzar a operar MIAA.
Por lo pronto, los usuarios continuarán con la incógnita de cómo se conforma realmente la tarifa y los cambios y bondades que se reflejarán en sus recibos de pago anunciadas con bombo y platillo previo a la entrada del nuevo modelo. Será contundente, de ahora en adelante, establecer criterios transparentes que no dependan de la bandera política imperante.
