Indicó que esto implica un tema de revisión por parte de instancias como la Coordinación de Movilidad o quienes estén a cargo del tema de transporte público, para sancionar aquellos que promuevan o hagan ejercicio de una apología del delito
El diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada señaló que el hecho de que se hayan prohibido los “corridos tumbados” o el reggaetón en las unidades del transporte público es un tema de denuncia y no de delito, señalando que en todo caso sería una falta administrativa que implicaría todo un tema de regulación, situación que calificó como incongruente.
Indicó que esto implica un tema de revisión por parte de instancias como la Coordinación de Movilidad o quienes estén a cargo del tema de transporte público, para sancionar aquellos que promuevan o hagan ejercicio de una apología del delito a través de la reproducción de este tipo de música.
Sin embargo, comentó que este es un tema para reflexionar, “porque luego quieres sancionar a un chófer del transporte cuando por otra parte toleras, hasta cierto punto, aunque ya sabemos que ya hay una definición ante una autoridad en materia de seguridad pública, pero que, no nada más prendió el estéreo, sino que se puso el micrófono y la cámara y creo que ahí aplica el tema de congruencia”, indicó.
Escobedo Tejada comentó que hay expertos que dicen que efectivamente la transmisión o reproducción de narcocorridos sí influye en la construcción de cierta mentalidad, pero “hay quienes dicen que es parte de recreación y que no influye de manera directa a la construcción de una mentalidad criminal, pero, mientras eso sucede las autoridades estatales o municipales de diferentes entidades lo han prohibido, ya sea en conciertos o en la reproducción que se hace en el transporte público, que eso sí lo pueden controlar”, apuntó.
El legislador insistió en que no se puede calificar como delito, insistiendo en que lo que puede hacer es sancionarlo como una mala práctica.
Al cuestionarlo sobre el porqué no se legisla para mejorar el servicio del transporte público, indicó que en la legislación está establecido que debe de haber un transporte público de calidad, eficiente y con cobertura amplia, pero “aquí lo que se debe de sancionar es el tema de la operatividad”, dijo.
Recordó que hace unos días propuso un punto de acuerdo para que haya seguridad para los choferes “y está establecido en la ley, hay un vacío en la práctica administrativa, porque no tienen seguridad social y creo que más bien es una omisión de la autoridad”, indicó.
Dijo que un mejoramiento en el transporte no se puede legislar, porque eso ya está establecido en la ley y no se cumple, pues hay comunidades donde no hay acceso al transporte.
