Actualmente participa en el desarrollo de más de 400 proyectos de obra pública. La opacidad en el ejercicio de los recursos públicos son algunos de los riesgos
La participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en proyectos de infraestructura es inédita por su magnitud, actualmente, señala el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) luego de un análisis en el que detectó que la SEDENA participa actualmente en el desarrollo de 74 proyectos de obra pública propios y 367 de otras instituciones; 441 obras de infraestructura diversa, en total.
Además, identificó que los principales riesgos asociados con esta tendencia son: la opacidad en el uso de recursos presupuestales, la falta de transparencia en sus convenios de colaboración, las irregularidades en el ejercicio del gasto, la reserva de información por razones de seguridad nacional y la falta de información referente a la subcontratación para la construcción.
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De acuerdo con su titular, Luis Cresencio Sandoval, entre 2019 y 2023, el número de obras en las que ha participado la secretaría asciende a 2 mil 8231, lo que constituye un aumento significativo si se considera que entre 2006 y 2018 la institución incursionó en la construcción de 851 obras civiles y militares.
La participación de la SEDENA en obras públicas está dentro del marco legal: se fundamenta en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), que establece que puede dar asesoría militar en todo tipo de obras en el país, y en el artículo primero de la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos (LOEFAM), que contempla su participación en el desarrollo de obras sociales que contribuyan al desarrollo nacional.
No obstante, la construcción de obras civiles se desarrolla en un contexto de opacidad en varios aspectos. Primero, no es posible conocer, de forma completa y detallada, las condiciones en las cuales la Sedena subcontrata a otros actores para cumplir con los tiempos en los proyectos de obra pública. En segundo lugar, existe opacidad en los recursos que la secretaría destina a la construcción de obras para otras instituciones públicas bajo la figura de convenios de colaboración.
Ante este contexto, y con el objetivo de garantizar la integridad de los recursos dedicados a la inversión de infraestructura en el país y reducir la opacidad y discrecionalidad en su gasto, el IMCO propone:
Transparentar las obras públicas en bienes propios que la SEDENA considera no clasificadas por temas de seguridad nacional indicando cuando una obra se desarrolló con la participación de un tercero y cuándo fue administrada directamente por la Dirección General de Ingenieros.
Exigir desde el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que la información publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia referente a los convenios de colaboración firmados entre la Sedena y otras instituciones sea completa y detallada.
Reformar desde el Poder Legislativo el Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar para que sean dos fondos con distintas reglas de operación los que permitan adquirir armamento de manera confidencial y ahorrar los recursos que en caso de emergencia podrán utilizarse para que el Ejército cumpla su papel como constructor en casos fortuitos.
Fortalecer las capacidades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a fin de que retome el rol como institución principal encargada de la infraestructura nacional.
