La Constitución mexicana reconoce como un derecho fundamental de todas las personas la libertad de tránsito (Artículo 11, CPEUM). Entonces, si resulta que las y los migrantes son personas en tránsito. ¿Por qué no se respetan sus derechos y libertades fundamentales en México? La respuesta no es única, y merece una reflexión multisectorial profunda. Se estima que en el mundo había en 2022 más de 281 millones de migrantes, de los cuales unos 169 millones eran trabajadores. Y pese a lo que se diga, las cifras más recientes confirman que la mayor cantidad de migrantes en la frontera norte de México siguen siendo mexicanos (717 mil) seguidos de Venezolanos (266 mil), guatemaltecos (220 mil), hondureños (214 mil) y colombianos (160 mil). Les seguirían a distancia ecuatorianos, cubanos, nicaragüenses y haitianos. También existe un creciente número de migrantes de fuera de nuestra región, que en 20022 sumaron unas 389 mil personas (Migration Policy Institute).
Lo cierto es que el tema migratorio es un fenómeno con muchas caras y factores que ha sido parte integral de la historia de México. A menudo impulsada por la pobreza y falta de empleo, la migración ha engendrado una significativa diáspora mexicana (la Unidad de Política Migratoria de Gobernación la calculaba en 2017 en unos 13.1 millones de personas, solo por detrás de India, con 15.6 millones).
Pero más allá de ello, en los recientes años México se convirtió también en un país de tránsito, origen y destino de múltiples procesos migratorios que alcanzaron cifras récord en 2002, de acuerdo con los datos manejados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Gran parte de la migración que llegó a México desde América del Sur lo hizo por tierra, muchas de estas personas a pie, atravesando en duras condiciones el llamado Tapón de Darién, en el sur de Panamá, cerca de la frontera con Colombia. Es claro que las migraciones cambiaron en toda nuestra región con las guerras civiles en Centroamérica y el inicio de la migración de refugiados, primordialmente de Guatemala, El Salvador y Honduras; un flujo que ha perdurado y se ha extendido en tiempo y cifras.
En dicho contexto, el llamado “Título 42” aplicado por el país vecino, forma parte de un ensayo tendiente a reafirmar el invocado “excepcionalismo estadounidense” y a dejar en la práctica sin efecto las leyes internacionales de asilo y refugio, pues gracias a esta política, los policías y funcionarios fronterizos de ese país podían expulsar inmediatamente a los migrantes que ingresaban a través de Canadá y México hacia Estados Unidos bajo pretexto de la prevención del covid-19. Sin embargo, en 2023 perdió efectos esta norma impuesta por la administración trumpiana, bajo el pretexto de detener el avance de la pandemia. Ello era parte de una de las promesas presidenciales de Trump sobre la construcción de un gran muro fronterizo para proteger a esa nación de las “invasiones migrantes”.
Lo cierto es que México ha enfrentado las sucesivas crisis y coyunturas derivadas de las grandes caravanas desde el sur y las amenazas gringas de boicot comercial o de cierre de la frontera con una estructura migratoria totalmente disfuncional y dividida entre Gobernación y Relaciones Exteriores, en parte heredada de gobiernos anteriores, pero que a día de hoy no ha sabido o querido cambiar y que se caracteriza por la falta de políticas integrales y humanitarias, que son causantes de terribles tragedias como la que vimos en un centro de detención en Juárez, o los fallecidos escondidos en las cajas metálicas de los tráileres a lo largo de las rutas migratorias, lo mismo en Chiapas que en Texas. Por ello es deseable para México en 2024 esclarecer la política migratoria partiendo de una visión humana y global, poniendo al centro los derechos de las personas sin importar su origen, enfatizando en lo regional y poniendo el reflector sobre México como país de origen, tránsito, destino y retorno, porque las políticas migratorias no obedecen a la realidad de un mundo atrapado entre el nacionalismo y la globalización, ni a las necesidades de los mercados laborales o a la economía, ni tampoco a la realidad demográfica o el cambio climático acelerado y las catástrofes derivadas de eventos meteorológicos extremos. Así las prácticas migratorias de muchas sociedades y gobiernos se contraponen al sentido común y se basan en el miedo, discriminación y los prejuicios. Este es el caso de nuestros vecinos del norte Y en nuestro caso: ¿Puede ser el trato a los migrantes un indicador del estado de los derechos humanos en México?
Por lo demás, no hay duda de que el tema migratorio es también un tema electoral y de política interna de cada país receptor, aunque no en todos importa lo mismo. Mucho en EUA según diversas encuestas, pero no tanto en México, donde las migraciones son un tema que no polariza pero tampoco moviliza a la ciudadanía, al tenerlas tan normalizadas que casi pasan desapercibidas para la mayoría de los actores. Pero el verdadero problema reside en que ya en 2024 México carece de una política migratoria integral de Estado, que no es lo mismo que unas lamentables prácticas de control migratorio de corte militarizado y policial impuestas desde el norte global y que destacan por ser meras reacciones ante la política y los políticos del país vecino, donde México carece de políticas de acogida e integración para los migrantes. Entonces, las enseñanzas post pandemia parecen indicarnos que el gobierno de las migraciones debe plantearse con políticas públicas integrales y no reactivas, desde enfoques regionales y globales y no de manera aislada y confusa como hasta ahora. Un gobierno efectivo de las migraciones requerirá entonces abordar todas las dimensiones de la migración y promover activamente la como política pública nacional, la inclusión de las personas migrantes, de las diásporas mexicanas en el exterior, de las comunidades locales, y de cualquier otra institución o entidad, privada o pública, interesada en mejorar las prácticas de gobierno de las migraciones que incluyan y no excluyan ni discriminen.
@efpasillas
