Desde corrupción hasta abuso sexual, acusaciones a candidatos a diputados y senadores en Hidalgo - LJA Aguascalientes
15/04/2024

  • José Francisco Olvera Ruiz, exgobernador de Hidalgo es acusado de acumular una deuda de cinco mil millones de pesos durante su gestión, por omisiones en pagos de cuotas; Daniel Andrade Zurutuza, alcalde de Huejutla fue denunciado por violencia sexual

Candidatos a diputaciones federales y al Senado por Hidalgo enfrentan acusaciones de posible abuso sexual, omisión de pago de impuestos en un encargo público, presunto peculado a través de una institución educativa, así como irregularidades en la declaración de bienes. Ellos, de tres diferentes partidos políticos, han respondido que los señalamientos, en algunos casos con procesos iniciados penalmente, son parte de una guerra sucia derivada de sus aspiraciones electorales.

Abuso sexual

Daniel Andrade Zurutuza, alcalde de Huejutla y a quien el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) anunció como su candidato a diputado federal por el distrito 1, con cabecera en ese municipio, fue denunciado ante el Ministerio Público por Ileana Escamilla, quien aseguró haber sido víctima de violencia sexual durante una celebración de Xantolo. Ella narró, en una acusación que hizo pública, que se encontró con un amigo en Palacio Municipal y, con engaños, el edil la llevó a un despacho donde, aseguró, abusó de ella durante una hora y media.

A través de un comunicado, el político respondió: “el que nada debe nada teme”, e insistió en la que dijo ha sido su postura de siempre: “estar abierto a esclarecer cualquier situación en la que mi prestigio se vea comprometido”.

Se refirió a la acusación de Ileana Escamilla como un “supuesto hecho que se presume ocurrió hace dos años” y consideró “importante señalar” que “la carpeta que se abrió en su momento fue analizada y agotada, determinando que no existieron los elementos de los que fui señalado”. Un reclamo de la parte acusadora fue “la inacción de las autoridades”, después de un año y medio en el que aseguró nadie la escuchó. Desde su perspectiva, esto ocurrió por la influencia política de Zurutuza, ahora adherido al gobernante Movimiento de Regeneración Nacional.

El todavía edil de Huejutla se dijo aludido por “infamias y guerra sucia” e hizo un llamado tanto a los compañeros del que ahora es su partido y a personas con aspiraciones políticas para que se conduzcan “con altura” en esta época electoral.

En su denuncia pública, tras lo que definió como irregularidades en el actuar de los encargados de procuración de justicia, Ileana afirmó que el proceso estuvo manipulado y que entre lo que vivió al presentarse ante las autoridades está que sugirieron que ella tenía responsabilidad de lo sucedido, pues le preguntaron si lo hacía por dinero, en tanto que la revisión ginecológica duró un minuto y consistió en la colocación de un hisopo en la vagina, el cual, añadió, fue tirado a la basura, sin mayor inspección. También reclamó que no se recabó evidencia fotográfica de lesiones que, asevera, presentaba, las cuales atribuía a golpes del presidente municipal.

Daniel Andrade Zurutuza surgió del extinto Partido Encuentro Social (PES), por el que fue dirigente estatal y legislador local plurinominal. Este instituto político nació en la entidad cuando el entonces secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong, actual senador, buscaba la candidatura priista a la presidencia de la República. Se formó con estructuras del PRI y promovía la aspiración del líder del denominado Grupo Hidalgo. La incursión a Morena del todavía alcalde, por ese antecedente, fue cuestionada por un sector de las bases.

Deuda millonaria


José Francisco Olvera Ruiz, exgobernador de Hidalgo y quien será el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la diputación federal por el distrito de Pachuca, es responsabilizado por la actual administración estatal, a cargo del morenista Julio Menchaca Salazar, de acumular una deuda de cinco mil millones de pesos durante su gestión, por omisiones en pagos de cuotas y aportaciones relacionadas con seguros de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.

La Secretaría de Contraloría indicó que los pagos fueron omitidos los primeros cuatro años de mandato del priista, de 2011 a 2014. “Lo anterior tiene consecuencias para miles de trabajadores de la educación, ya que afecta su seguridad social y genera un impacto negativo en la capacidad del ISSSTE para proporcionar servicios médicos, prestaciones y pensiones. Este incumplimiento trajo como resultado un déficit financiero significativo que compromete el bienestar de la población beneficiaria”, indicó la dependencia a través de un comunicado enviado a medios el 15 de febrero.

Añadió: “La legislación establece que los titulares de las dependencias y entidades, así como sus oficiales mayores o equivalentes, son responsables de los actos y omisiones que perjudiquen a la institución para la que trabajan. Esta responsabilidad no se limita al ámbito civil o administrativo, también podría desencadenar procesos penales”.

Asimismo, dio a conocer que “las autoridades correspondientes” iniciaron indagatorias “para determinar qué servidores públicos pudieron cometer estos actos, a fin de que se tomen las medidas pertinentes para asegurar la rendición de cuentas y la justicia social en este caso”. El PRI consideró la revelación de la deuda acumulada como una persecución política.

Al exmandatario, Pablo Pérez Martínez, quien fue su subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública estatal, lo acusó de traición, al asegurar que, como su subordinado y en los cargos que le encomendó, participó en operaciones para malversar recursos del presupuesto, en supuesto beneficio del exmandatario priista. Desde prisión, a través de una carta, dijo que lo abandonó cuando enfrentó a la justicia. Sugirió que su exjefe está protegido por acuerdos políticos.

A decir del exfuncionario, las operaciones se hacían a través de “pellizcos” al erario, método mediante el cual afirmó que Olvera Ruiz se había hecho de propiedades y enriquecido económicamente.

Pérez está recluido en el Centro de Readaptación Social (CERESO) de Pachuca desde noviembre de 2018 y acumula sentencias por 30 años tras ser hallado culpable de peculado en la modalidad de desvío de recursos.

Investigación en curso

Anunciado como el que encabezará la fórmula del Partido del Trabajo (PT) para el Senado, Óscar Damián Sosa Castelán es investigado, al igual que su hermano Gerardo, por un posible peculado de 132 millones de pesos, presuntamente mediante sustracción de recursos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).

La revelación de dos indagatorias en curso la hizo Santiago Nieto Castillo dos semanas previas a su renuncia como encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).

Gerardo Sosa Castelán es el líder del grupo político “Universidad”, también conocido como “La Sosa Nostra”, que ha mantenido el control de la UAEH por cuarenta años, desde finales de la década de 1970. Su origen es la Federación de Estudiantes Universitarios de Hidalgo (FEUH), organización porril que mandató Gerardo y estuvo inmersa en averiguaciones por homicidios, lesiones, robos y delitos sexuales.

Por la alusión a los hermanos la universidad reclamó: “no son los medios de comunicación la vía para realizar o notificar actos de investigación penal”, máxime cuando los señalamientos “insinúan la posibilidad de ilícitos”, y demandó el inicio de los procedimientos “que permitan esclarecer el alcance de la responsabilidad en la que pudiera incurrir” el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera por estas declaraciones.

Gerardo Sosa enfrenta un proceso por posible delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58.2 millones de pesos. El nombre de su hermano Damián aparece en la misma causa penal, 263/2020, por ser el accionista mayoritario de Inmobiliaria, Constructora y Arrendadora Yolo SA de CV. Esta firma, con base en informes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sobre transferencias de los posibles involucrados incluidos que es parte de la imputación, transfirió 31 millones 305 mil 88 pesos a la empresa de papel Contabilidad del Siglo XXI, a su vez utilizada para dispersar el dinero a las cuentas de Gerardo, sus hijas y testaferros, según la Fiscalía General de la República (FGR).

Igualmente, el testigo colaborador del caso, Óscar Pacheco Medina, reconoció haber creado por instrucción de Gerardo la Constructora Yolo, con recursos de la UAEH. Después haber cedido el control accionario a Óscar Damián.

Omisión de bienes

También de reciente adhesión al partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y emanado del grupo político de Osorio Chong, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, actual diputado federal y quien encabezará la fórmula del Movimiento de Regeneración Nacional al Senado, enfrenta señalamientos por presuntamente esconder propiedades en el extranjero y por avalar, como integrante del Consejo de Administración de Pemex, la compra de Fertinal a un sobreprecio de 14 veces su valor real, durante la gestión de Emilio Lozoya Austin.

Ochoa era subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) cuando como miembro de un consejo en el que también estaban José Rogelio Garza Garza, entonces subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, además de Lozoya Austin, Miguel Ángel Flores Ramírez y Fernando Zendejas Reyes por Petróleos Mexicanos (PEMEX), entre otros, autorizó la adquisición de la planta de fertilizantes de Fertinal en 635 millones de dólares.

Por la anterior filiación política del diputado federal, militantes morenistas lo abuchearon   durante la visita de Claudia Sheinbaum a Tulancingo y Mineral de la Reforma el pasado 14 de enero.

El Universal publicó que Ochoa Fernández y su familia adquirieron en 2008 propiedades en San Antonio, Texas, con base en una notificación de compra. El exfuncionario federal, junto con su hermano Tenoch José Ochoa, Marcela Macías Ortega y Rosanna Kathleen Pages “pagan la cantidad de 222 mil 750 dólares con un crédito adquirido con el banco J.P. Morgan Chase, por una propiedad ubicada en 18614 Eagle Ford”. Posteriormente, añade el diario, el 1 de junio de 2016 se emitió un documento que certifica la liquidación del crédito por este bien inmueble en el exclusivo fraccionamiento Napa Forest & Sienna Woods.

Inicialmente, el aspirante negó que poseyera bienes en Estados Unidos y hubiera omitido declarar empresas, además de decir que esta información “exhibe la desesperación de los adversarios políticos del movimiento al que orgullosamente pertenezco”, y sumó: “sus sucios embates serán juzgados por el pueblo en las urnas en junio”. No obstante, tras la ratificación del diario y la mención a copias de documentos que avalarían las operaciones de compras, no dio más respuestas.


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