Solicitud es con base a argumentos jurídicos y de derechos humanos. Ha incurrido en obstaculizar el acceso a la verdad, la justicia y la no repetición, señala
El Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes (OVSGA) exigió formalmente a la titular del Ejecutivo estatal, María Teresa Jiménez Esquivel, la remoción del fiscal general de Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega por violaciones a derechos humanos.
A través de un comunicado, el OVSGA destaca que en su experiencia de acompañamiento a las personas que han vivido violencia en la entidad, de manera sistemática esta violencia, “ha sido perpetrada por las instituciones y por sus representantes, y en especial por la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, dirigida por Jesús Figueroa Ortega, quien durante 6 años ha incurrido en actos que obstaculizan el acceso a la verdad, la justicia y la no repetición para las víctimas de la violencia y sus familias”.
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En la misiva se informa que fue presentado un oficio a la actual gobernadora, en el que a través de argumentos jurídicos y de derechos humanos, la instan a aplicar su facultad para la remoción del fiscal general del estado.
“Lo anterior lo solicitamos con base a su proceder en las investigaciones iniciadas en el 2023 por el feminicidio de Cynthia Nathali, cuya muerte violenta ocurrió el 24 de enero, el feminicidio de Nidia, cuyo asesinato se perpetró el 6 de noviembre, y el asesinato de Ociel Baena, y Dorian Daniel, ocurrido el 12 de diciembre; en el curso de las investigaciones, Jesús Figueroa Ortega ha violentado el debido proceso al presentar información contenida en las carpetas de investigación ante medios de comunicación, buscando justificar su actuar”, dice a la letra la misiva.
Consideran además en que en los casos mencionados se ha estigmatizado a las víctimas y sus contextos, contraviniendo ordenamientos locales, nacionales e internacionales contra la discriminación, la estigmatización y la criminalización, al ser parte de las obligaciones de la dependencia que las víctimas sean tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos humanos por parte de los servidores públicos y, en general, por el personal de las instituciones públicas responsables del cumplimiento de esta Ley, así como por parte de los particulares que cuenten con convenios para brindar servicios a las víctimas.
En noviembre del año pasado, y con relación al caso Ociel Baena y Dorian Daniel, el OVSGA exigió la inmediata renuncia a Figueroa Ortega y a la gobernadora su destitución, esto a través de un comunicado público, a lo que el funcionario respondió que el Congreso del Estado es el único facultado para llevar a cabo esta acción.
