Cuando los gobiernos comenzaron a formalizarse en las primeras polis, una de las principales preocupaciones fue en torno a organizar y conservar la información, es decir archivar; el control de la población y por ende del pago de impuestos, requerían forzosamente un sistema de archivos que permitiera llevar contabilidades para ingresos y egresos: ordenar, guardar, resguardar, sistematizar, encontrar; las civilizaciones más exitosas y longevas tuvieron necesariamente un buen sistema de archivos. Los archivos significan la memoria, tanto de carácter inmediato, temas administrativos, como de largo plazo, la memoria del mundo.
Por ejemplo, Justiniano, ordenó “Que Vuestra Eminencia dé órdenes a todas y cada una de las provincias para que se designe un edificio público, en el cual el magistrado (defensor) guarde los registros, y escoja a alguien para que los custodie de modo que permanezcan intactos y puedan encontrarlos rápidamente aquellos que lo soliciten, y se permita que haya allí un archivo y que se corrija lo que se ha descuidado en las ciudades.”
Los archivos son criaturas delicadas y tienen muchos enemigos, el fuego, el agua, las polillas y, por supuesto, el hombre que quiere borrar la memoria. Este probablemente sea el mayor de sus riesgos: los que desean tachar los hechos del pasado, por múltiples razones, la mayoría de ellas ideológicas, pensemos en la quema de la biblioteca de Alejandría. En el año 1530, en Tetzcoco, Fray Juan de Zumárraga hizo una hoguera con todos los escritos e ídolos de los aztecas. Previamente un emperador azteca, habría hecho lo mismo, refundando a los bárbaros aztecas, en una cultura venida de Aztlán. Les pongo un ejemplo que viví, cuando salí de alguna de las dependencias en que laboré, teníamos el problema del archivo, era gigantesco y en muy mal estado, desordenado; por supuesto que cuando hiciéramos la entrega recepción nos metería en un problema jurídico. Uno de los subalternos propuso que lo quemáramos; por supuesto no lo hicimos, pero la historia de archivos que se queman casualmente, es común en la administración pública.
Por allá de finales de siglo pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación comenzó una labor titánica, cayó en la cuenta de que los diversos juzgados y tribunales habían generado un gigantesco archivo de juicios de amparo y tenía que comenzar una depuración; lo primero que hizo fue clasificar como históricos cierto número de expedientes, partiendo de un año que no recuerdo; todos estos expedientes terminaron en unidades administrativas que luego se transformaron en casas de la cultura jurídica, un enorme acierto del PJF pues no solo resguardó la memoria sino que además utilizó los espacios para difundir la cultura jurídica de forma gratuita.
En este sentido, se resguarda en ese archivo, la memoria histórica de casi 100 años de historia judicial, que lo mismo incluye los juicios de amparo que causas civiles y penales. Dentro de todo este tesoro, en el caso de Aguascalientes, el primer juicio de amparo se tramitó en 1868, y es justo de este asunto que les quiero platicar. Se trata de un enfrentamiento entre dos grupos liberales, los de Ignacio T. Chávez versus Jesús Gómez Portugal.
Es justamente en este año, 1868, que llega a Aguascalientes el primer juez de distrito. Y entonces aparece un conflicto: el gobernador Jesús Gómez Portugal habría dictado una ley de impuestos que no le gustó al otro grupo liberal, por lo que se fueron al amparo. Al profundizar en la historiografía tradicional hidrocálida, me percaté que la mayoría de los investigadores se había centrado en el papel político que jugó el juez de amparo, dejando de lado la importancia de este instrumento y cómo, independientemente de si fue utilizado o no con fines no estrictamente jurídicos, al final de cuentas logró uno de sus cometidos: controlar el poder y evitar la violación de los derechos humanos, entonces llamadas garantías individuales.
Revisé la sentencia del primer juicio de amparo (01/1868) descubriendo una serie de aspectos positivos que valían la pena ser rescatados, pues se trata de una microhistoria del este instrumento constitucional: funcionó para proteger derechos humanos; esto provocó un choque entre poderes (locales contra federales); generó incomodidad en los cacicazgos regionales y llevó a que el juzgador fuera tachado de faccioso. Esta microhistoria nos permite hacer un acercamiento, bajo método inductivo, a la memoria del nacimiento del juicio de amparo en todo el país; por ende, podemos trasladarlo, mutatis mutandis, al presente, pues es evidente que siguen pasando estas mismas circunstancias en especial cuando al poder (principalmente ejecutivo) no le gusta una sentencia.
Derivado de esta investigación, vio a la luz un pequeño libro intitulado La primera sentencia de amparo en Aguascalientes, que contiene un ensayo en torno a lo que sucedió en la época; además, para permitir al público acceder a la sentencia de aquel primer documento que, por obvias razones, era realizado de forma manuscrita, se añade una versión transcrita. Por último, anexé una versión digital de todo el expediente, hermoso de fondo y forma, con la finalidad de difundir este precioso acervo cultural que se encuentra y puede ser consultado en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Aguascalientes.
Hay que hacer hincapié justo en la vocación del amparo como instrumento de control del poder, pues la posición de los historiadores tradicionales de Aguascalientes que señalaban que el juez de distrito, Luis G. Solana, había tomado partido por el Club Chávez, cuando de la lectura de la sentencia se desprende lo contrario, que jurídicamente procedió correctamente. Y es que, y creó que esto es lo importante de este primer amparo, la sentencia otorgó la protección de la justicia federal a los quejosos, por primera vez se leyó en Aguascalientes esa solemne frase: la justicia de la unión, ampara y protege.
