En su edición del mes de mayo de la revista Proceso, en dos momentos investigadores del Early Institute llaman la atención sobre el grave problema que representa la situación que vive la población mexicana de este grupo etario (de 0 a los 5 años de edad o primera infancia); en el primer momento, con una inserción dirigida a los tres candidatos presidenciales registrados, Jorga Álvarez Máynez, Xóchitl Gálvez Ruíz y Claudia Sheinbaum Pardo, donde se les hace llegar 10 recomendaciones que sugieren tomen en cuenta para atender este grave problema social del país en la cresta de la ola de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. En un segundo momento, habría que leer con detenimiento la investigación periodística que realizó Gloria Leticia Díaz de la propia revista, en torno a este grave problema, relativo a “Con la 4T, retrocesos en salud y pobreza en primera infancia”, con datos contundentes sobre la desatención y menosprecio del gobierno de la transformación, con relación a la primera infancia de los mexicanos.
En la inserción, el Early Institute comparte muy puntualmente los datos preocupantes de la primera infancia en México, y donde señala su situación presente: “Preocupa el porcentaje de niños y niñas en situación de pobreza (48.1%) y pobreza extrema (11.6%). La limitada cobertura de acceso a servicios de cuidado y educación inicial se mantiene en niveles mínimos (3%). La carencia por acceso a servicios de salud se triplicó, pasando de 18% en 2018 a 46% en 2024. Asimismo, los 135 homicidios en primera infancia, en 2022, reflejan la inseguridad que viven niñas y niños”. Señala además que, institucionalmente, el organismo rector responsable de atender esta población, la SIPINNA (Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes), adolece de una falta de visión interinstitucional y perspectiva de la niñez en los programas gubernamentales que coordinan, entre ellos el Programa Nacional Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PRONAPINNA) y a la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI). En una palabra, este gobierno no ha sido capaz de tejer una propuesta de atención integral y asertiva para resolver la grave y triste situación de los niños y las niñas mexicanos de 0 a 5 años. Triste.
Las 10 recomendaciones que el Early Institute hace llegar a los aspirantes a la presidencia de la república, se resumen de la siguiente manera: 1. Poner a la primera infancia como prioridad en la agenda de gobierno; 2. Fortalecer la gobernanza y coordinación intersectorial involucradas en su atención; 3. Impulsar la Política Nacional de Educación Inicial; 4. Crear un Sistema Nacional de Cuidados; 5. Invertir en programas en educación, salud, nutrición y crianza positiva; 6. Asegurar el acceso universal y de calidad a los servicios de salud para niños, niñas y madres; 7. Garantizar la aplicación del cuadro completo de vacunación; 8. Reforzar la atención de primer nivel y consejería sobre lactancia materna, desarrollo infantil temprano, nutrición, sobrepeso y obesidad infantil; 9. Protección judicial a las niñas y niños víctimas de violencia; y, 10. Incremento progresivo de los recursos públicos destinados a la primera infancia, de acuerdo a la proporción poblacional que representan.
Sin embargo, la investigación del Early Institute revela datos mucho más graves, a los que la atención pública sencillamente no los considera y sólo los integra a la estadística nacional. Estamos hablando de más de 12 millones de infantes entre los 0 y los 5 años, y a cuya atención, el gobierno, independientemente de sus siglas, sólo le ha destinado menos del 1% del producto Interno Bruto (PIB). Y el estudio agrega, aparte de los 135 homicidios de menores del 2022, en ese mismo año, se integraron dos mil 438 carpetas de investigación por violencia sexual contra esa población, y, en 2023 se tenían registradas 368 personas desaparecidas de primera infancia. De ese tamaño la violencia.
Agreguemos un par de situaciones adicionales que condicionan la vida de estos 12 millones de mexicanos, y resulta que, del total, el 50% o 6 millones, viven en pobreza, y más de un millón (10%) lo hace en pobreza extrema. De acuerdo con el CONEVAL, una persona está en pobreza extrema cuando carece de al menos tres de las carencias sociales, a saber: salud, vivienda, educación, seguridad social, alimentación y servicios. Así la frialdad de los números.
Por si esta situación no bastara para llamar la atención del respetable, habría que agregar que el gobierno del presidente López Obrador no ha cumplido con los requerimientos para participar en el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés) 2025, de acuerdo a un comunicado de la OCDE. La no participación de México en este ejercicio global, según especialistas en temas educativos y legisladores, fomentará la opacidad y el estancamiento educativo (Iris Velázquez y Claudia Salazar, Reforma, 28/04/2024). Según la información disponible, el gobierno de la transformación no ha entregado la documentación para formalizar su participación, no asistió a las reuniones de marzo pasado para tener detalles de la prueba, ni ha mostrado intenciones de realizar el examen piloto. Esta situación se agrava por la salida de México del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE) de la UNESCO.
El presidente López Obrador acusa al examen PISA de ser un instrumento del neoliberalismo, vamos, ha afirmado que es una herramienta de dominación y control de los intereses oligárquicos internacionales en contra de su gobierno, Aunque en sentido práctico y objetivo, los últimos resultados de esos exámenes PISA sólo han evidenciado no solamente el estancamiento del sistema educativo de su gobierno, sino también su franco retroceso frente a los otros sistemas de los países que integran la OCDE, y que colocan al país en la parte inferior de este importante indicador del desarrollo del país en contraste con otras naciones.
Nuestros niños, niñas y adolescentes son motivo primordial para la salud de México y su esperanza de futuro, ignorar sus requerimientos y necesidades es una grave omisión que el país no debe hacer.
