Va en detrimento de las víctimas, los policías y el sistema de justicia. Secretarios de seguridad pública del país se reunirán para hablar sobre el tema
La desaparición de la prisión preventiva oficiosa va en detrimento de las propias víctimas, pero también del trabajo de los elementos de seguridad pública, policías de investigación y ministerios públicos, señaló el secretario de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes, Manuel Alonso García, quien manifestó así su desacuerdo con esta medida.
“La postura que nosotros tenemos es que se tiene que seguir con la prisión preventiva oficiosa; en la mesa que hace la gobernadora de Seguridad y de Justicia, lo hemos comentado”.
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La prisión preventiva oficiosa (PPO) está actualmente en el centro del debate debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene previsto discutir en las próximas semanas un proyecto de sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el que se ordena a México reformar su normativa respecto a esta figura
“Creo que estamos afectando más a dos sectores: uno, las víctimas, estas personas que pueden estar fuera de prisión se maneja hasta una jurisprudencia con relación en que hasta las personas que ya tienen una orden de aprehensión por delitos graves pueden ir al amparo indirecto y no pueden ser detenidos; entonces sí hay un gran dilema en relación con este tema”, explicó el funcionario público.
Consideró que el otro sector perjudicado es a los propios policías, a las instituciones policiales que realizan un arduo trabajo para lograr las detenciones y llevar ante el Ministerio Público y ante la ley a las personas (presuntamente) responsables, “lo mismo hablo de policías de investigación, creo que esto vendría a afectar mucho al propio sistema de justicia en el país”, subrayó.
Adelantó que sostuvo ya una reunión virtual con todos los secretarios de Seguridad Pública en el país y el martes 23 de abril se realizaría una reunión nacional con sus homólogos para hablar precisamente sobre la posible desaparición de la prisión preventiva oficiosa y sus consecuencias.
Consideró que la desaparición de esta figura agravará más el tema de impunidad en el país, al ser un problema considerado como grave con relación a la seguridad y la impartición de justicia. “Recordemos que casi el 98 por ciento de los delitos que se cometen no son sancionados, hablo de todo el país, de ellos el 10 por ciento llegan a una Fiscalía y de ese 10 por ciento logramos tener sentencias favorables en 1.5 por ciento; ese es un grave problema, que es de lo que adolecemos”.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó en 2018 su preocupación por la aplicación de la prisión preventiva oficiosa y sostuvo que “es violatoria del derecho internacional de derechos humanos (…) viola el derecho a la presunción de la inocencia y el derecho a la libertad personal”.
