El riesgo de los candidatos: ser silenciados con balas, secuestros o amenazas - LJA Aguascalientes
14/06/2024

  • El crimen organizado y la violencia se convirtieron en protagonistas de las elecciones 2024 en México, con 28 asesinatos de aspirantes, precandidatos y candidatos ocurridos desde el siete de septiembre del 2023

Al menos 28 asesinatos, pero también amenazas, secuestros y ataques armados de grupos criminales son parte de la violencia que sufren los aspirantes a cargos públicos en México, sin importar el partido que representen; mientras al gobierno de López Obrador se le acusa tanto de mantener un mecanismo de protección tardío como de descoordinación institucional.

El crimen organizado y la violencia se convirtieron en protagonistas de las elecciones 2024 en México, las más grandes en la historia del país por la cantidad de personas que participarán en los 32 estados, y que arrancó oficialmente hace ocho meses.

Así lo demuestran los 28 asesinatos de aspirantes, precandidatos y candidatos ocurridos desde el siete de septiembre del 2023, cuando comenzó formalmente el proceso electoral, de los cuales 22 ocurrieron en los primeros cuatro meses del año, según datos del Gobierno Federal, reportes de prensa y organizaciones no gubernamentales.

El informe “Votar entre balas”, realizado por Data Cívica, México Evalúa y el sitio Animal Político, menciona que este tipo de violencia, denominada político-criminal, es usada por el crimen organizado como una herramienta para influir en la vida pública de los estados y municipios mexicanos.

En entrevista para France 24, la investigadora del programa de seguridad de México Evalúa, Céline González, explicó que desde 2018 los grupos criminales aumentaron el uso de estrategias de violencia selectivas a nivel municipal -el orden de gobierno más bajo- lo que afecta de forma directa las elecciones ya que los funcionarios de casilla y los votantes prefieren no participar por la inseguridad. La especialista afirmó:

Hay ciertos municipios donde hemos observado que ha bajado muchísimo la participación de una elección a otra y que han tenido estos picos de violencia. Es muy fácil para los grupos criminales llevar a cabo estas estrategias puesto que posteriormente no hay una investigación seria, no hay sanciones

Candidato con seguridad privada asesinado

Un caso de violencia electoral que cimbró al país ocurrió en el estado fronterizo de Tamaulipas -ubicado al noreste de México- y que registra altos niveles de criminalidad.

La víctima fue Edgar Noé Ramos Ferretiz, de 42 años, candidato del partido derechista Acción Nacional (PAN) que buscaba la reelección como presidente municipal. 


En 2018, Ramos Ferretiz ganó las elecciones para gobernar El Mante -municipio localizado en el sur del estado- durante tres años con la posibilidad de optar a la reelección.

El político tomó este camino, ahora impulsado por la coalición opositora Fuerza y Corazón por México, que integra su partido con el PRI y PRD, sin saber que no llegaría al día de las elecciones programadas para el 2 de junio.

El viernes 19 de abril, Noé Ramos visitó las calles de la colonia Azucarera para hacer campaña. Incluso transmitió en vivo por redes sociales mientras desayunaba tamales con sus simpatizantes. Minutos más tarde fue acuchillado en plena vía pública y a la luz del día, a pesar de que había contratado seis escoltas privados para que lo cuidaran.

El agresor identificado como Eliud Guadalupe, con antecedentes penales por homicidio, logró escapar, pero fue arrestado dos días después por policías de investigación de la Fiscalía de Tamaulipas.

Previamente en su perfil de Tik Tok, Eliud Guadalupe compartió videos en los que mostró su descontento con el presidente Andrés Manuel López Obrador e incluso advirtió posibles ataques. “El problema son los políticos, mi guerra es con ellos, si tengo que corretearlos como loco los voy a corretear”, dijo en una de las grabaciones.

Luego del asesinato se supo que el año pasado Noe Ramos tuvo protección del gobierno durante dos periodos: los primeros cinco meses del 2023 y posteriormente entre noviembre y diciembre. Sin embargo, para el proceso electoral 2024 no pidió seguridad a las autoridades electorales.

Desde el día del ataque, la familia de Ramos recibe protección de dos patrullas de la policía local y escoltas privados. Por su parte, el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) confirmó que a partir del asesinato por lo menos nueve candidatos del estado solicitaron seguridad oficial.

Denunciaron lucro político

A pesar del impacto que el asesinato causó entre la sociedad de Tamaulipas, la dirigencia estatal del PAN designó a Sheyla Palacios, viuda de Ramos y exdirectora municipal del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), como candidata suplente por la presidencia municipal de El Mante.

“No puedo negar que siento cierto temor, al final de cuentas aún no tenemos la investigación esclarecida, no sabemos qué fue, de dónde viene esto, ya sabemos que él había recibido algunas amenazas, pero por el tipo de acto que se presentó aún no nos pueden dar una respuesta y sí, no podemos negar que tenemos miedo, pero tengo más miedo de que no se haga justicia”, declaró Palacios en entrevista con Radio Fórmula, tras anunciar que se seguirá el proyecto político de su esposo.

Este anuncio, realizado tras un par de semanas del asesinato de Ramos, no fue bien recibido entre los tamaulipecos y acusaron al PAN de lucrar políticamente con la muerte, ya que también denunciaron penalmente al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, emanado del partido oficialista Morena y a otros funcionarios por omisiones en el asesinato.

Violencia electoral imparable

El asesinato de Noe Ramos, no fue el único registrado en el último mes. El martes 9 de abril fue asesinado Julián Bautista Gómez, exalcalde de Amatenango del Valle por el PRI, en el estado sureño de Chiapas, quien buscaba nuevamente el cargo para reemplazar a su hermano, el actual alcalde, Juan Carlos Bautista Gómez. Sujetos armados que viajaban en motocicletas lo interceptaron a pocos kilómetros de la cabecera municipal y lo mataron.

El miércoles 17 de abril en Oaxaca -al sur del país- la presidenta municipal de San José Independencia, Agar Cancino Gómez, fue secuestrada junto con su esposo Alberto Antonio García, quien buscaba sucederle en el cargo con el cobijo de Morena. Dos días después, ella fue liberada con señales de tortura, mientras que el candidato apareció sin vida.

El viernes 26 de abril fue reportada la desaparición de Francisco Sánchez Gaeta, funcionario local de Puerto Vallarta, Jalisco -en la costa mexicana del Pacífico- quien pidió licencia para buscar el cargo de síndico municipal con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Un día después fue localizado muerto dentro de su vehículo.

Ola de agresiones contra políticos

Los asesinatos son la máxima expresión de violencia electoral, pero no la única. Los candidatos también sufren desapariciones, ataques armados, atentados, secuestros y amenazas. De acuerdo con el informe “Votar entre balas”, en lo que va del 2024 se han reportado 59 ataques de este tipo.

El estado de Puebla con 11 agresiones registradas es el más peligroso para los candidatos. Enseguida están Morelos con ocho ataques, Guerrero con siete, mientras que Chiapas y Jalisco, con seis agresiones cada uno, completan el top cinco de las zonas con más riesgos para candidatos. En total, de los 32 estados mexicanos, la mitad registra por lo menos una agresión contra un candidato electoral en este 2024.

El fenómeno criminal es más amplio, también afecta a autoridades electas, funcionarios públicos, militantes de partidos, integrantes de las fuerzas de seguridad fuera de turno, familiares de los políticos e incluso instalaciones de gobierno.

Entre 2018 y abril del 2024 van 1.833 ataques político-criminales documentados, aunque 224 corresponden únicamente al año en curso. Hasta el momento, el 2023 con 575 casos fue el más violento para la política, del que se tenga registro.

El crimen organizado busca controlar los municipios

Dentro del universo de violencia político-criminal registrada desde hace siete años, el 76.5 por ciento de los ataques ocurrieron en los municipios. 

Esto no es casualidad -explica Celine González a France 24– ya que el crimen organizado busca influir en las elecciones y apoderarse de los gobiernos locales porque “reciben recursos públicos, tienen información, incidencia sobre políticas públicas, sobre normatividad y lo que buscan es controlar el territorio para pasar productos legales e ilegales a través de las principales vías de transporte (…) buscan proteger sus territorios creando redes con distintos actores políticos, amenazándolos para que les dejen operar en ese territorio en específico”, comenta la experta.

Por ejemplo en Jilotlán de los Dolores en Jalisco -en el occidente de México- la alianza opositora decidió no presentar una candidatura común luego que en las elecciones del 2021 todos los candidatos, con excepción del de Morena, renunciaron por amenazas del crimen organizado y la elección fue suspendida.

Por ahora, en este municipio gobierna un consejo municipal designado por el Congreso de Jalisco y se presentaron tres candidatos: el de Morena, Movimiento Ciudadano y del PAN en solitario, aunque la mano del crimen organizado mantiene las alertas encendidas.

De acuerdo con González, por cada ataque municipal, la sustitución de funcionarios de casilla el día de las votaciones aumenta en 1%, mientras que la participación electoral se reduce hasta un 3%.

Fallas en el mecanismo de protección

Como consecuencia de las agresiones en el actual proceso electoral el gobierno de Andrés Manuel López Obrador autorizó 360 solicitudes de protección para candidatos, entre las que se encuentran las dos candidatas y el candidato a la presidencia de la república.

Sin embargo, debido al aumento en las solicitudes y la falta de capacidad de su gobierno para responder de forma rápida, el presidente López Obrador habló sobre la posibilidad de eliminar los trámites para dar seguridad a los candidatos en riesgo de forma inmediata, aunque no se ha oficializado esta decisión.

Las deficiencias del programa de protección federal quedaron exhibidas con el asesinato de Bertha Gisela Gaytán, candidata de Morena a la presidencia municipal de Celaya, uno de los territorios más inseguros de Guanajuato, donde el PAN gobierna desde hace 33 años.

El lunes 1 de abril, durante su segundo día de campaña, Gaytán de 37 años acudió a la comunidad de San Miguel Octopan para hacer proselitismo. Ante la prensa, comentó que había solicitado seguridad a las autoridades. Horas más tarde fue asesinada en la calle por un grupo de personas que descargaron sus armas de fuego contra ella.

Hasta la fecha, hay cuatro detenidos por el asesinato de Gaytán. En tanto, el gobernador de Guanajuato, el panista Diego Sinhue García, afirmó que dentro de las líneas de investigación están las pugnas internas de Morena.

Falta coordinación entre gobiernos y policías

Sobre la responsabilidad de autoridades para atender este fenómeno de violencia, la investigadora Celine González sostiene que es necesaria una mejor coordinación del gobierno, ya que es el responsable de mantener la seguridad.

“Ha habido una descoordinación por parte de los distintos niveles para atender este problema (…) tienen que coordinarse con las fuerzas del orden para llevar a cabo de manera adecuada las elecciones, pero tienen que generar mapas de riesgo, monitorear estos incidentes de violencia y generar toda la información posible para tener estrategias de seguridad en el corto plazo” expresó González a France 24 y apuntó contra los partidos políticos por entregar candidaturas a personas involucradas con grupos criminales.


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