Por cada agresión a candidatos, especialmente en los municipios, baja 1.3% la asistencia a votar. Además, sube casi 1% la ausencia de funcionarios de casilla el día de la elección
Por cada agresión a una persona candidata se registró una disminución de 1.3% en promedio en la asistencia de la ciudadanía a votar entre las elecciones de 2018 y 2021, y por cada persona que desempeñaba un puesto en la función pública la caída fue de 3 puntos porcentuales, así lo señala el informe “Democracia vulnerada: El crimen organizado en las elecciones y la administración pública en México”, publicado como parte del proyecto Votar Entre Balas.
En alianza entre las organizaciones sociales Data Cívica, México Evalúa y el medio informativo Animal Político se relanzó este martes el sitio votar-entre-balas.datacivica.org con nuevos y más detallados contenidos para ahondar en la comprensión del fenómeno de la violencia político-criminal en México.
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Durante la presentación, la coordinadora del Programa de Seguridad de México Evalúa, Sandra Ley, señaló que además de afectar la asistencia de la ciudadanía a votar, la violencia también provoca que las personas que habían sido seleccionadas y capacitadas para ser funcionarias de casilla no se presenten y, como marca la ley, sean sustituidas por las primeras que se forman en la fila para ejercer su voto. En ese sentido, por cada persona candidata o militante de partido atacada, hay un aumento de casi 1% de sustitución.
Un ejemplo de estas situaciones es Apaseo el Grande, Guanajuato, que tuvo una caída de la participación de 50% a 39% tras el asesinato de un candidato a regidor y dos militantes de partidos en 2021, y la sustitución de funcionarios de casilla subió de 12% a 19%.
“Con un menor número de funcionarios capacitados para contar votos, si hay un mayor número de sustituciones, entonces estamos desdibujando ese elemento ciudadano del que nos hemos enorgullecido por décadas en la construcción de la democracia mexicana. Y segundo elemento: conforme se desvanece la participación ciudadana en las elecciones, entonces el crimen organizado tiene aún más posibilidades de afianzar sus lazos con el aparato estatal y con el gobierno”, enfatizó Ley.
La investigadora y la coordinadora del proyecto, Itzel Soto, destacaron la importancia de analizar no sólo las agresiones en periodos electorales, sino también durante la trayectoria de las personas ya como autoridades, ya que la violencia continúa y tiene efectos en el contexto municipal que también se analizaron.
En ese sentido, otro de los hallazgos fue que, por cada ataque a funcionarios públicos, al año siguiente aumenta cinco puntos la tasa de homicidios en el municipio. Como ejemplo, en Atoyac, Veracruz, el presidente municipal suplente fue secuestrado y posteriormente asesinado a principios de 2019, después de lo cual se disparó casi cinco veces la tasa de homicidios.
Se expone que el 77% de las víctimas de violencia político-criminal son a nivel municipal, o porque aspiraban a las arcadias o tenían un cargo de ese orden de gobierno. De hecho, de las casi 1,400 víctimas registradas por Votar Entre Balas en el periodo de 2018 a 2023, un tercio han sido alcaldías, sindicaturas y regidurías.
“El interés de las organizaciones criminales está en el nivel local, ya que así es como construyen sus controles territoriales: localidad por localidad, para consecuentemente controlar municipios y regiones enteras”, señala el informe presentado.
Por partidos políticos, un cuarto de las víctimas era de administraciones de Morena, dado que es el partido que más ayuntamientos ha ganado en las últimas elecciones; sin embargo, si se considera que PAN, PRI y PRD han competido como coalición en la mayor parte de los municipios, este grupo de oposición concentra más del 40% de los ataques.
