El próximo domingo 2 de junio se realizará la elección para renovar 136 cargos locales en nuestra entidad. Si el voto es resultado de un ejercicio personal de reflexión y elección entre las opciones disponibles, al menos en la teoría, parecería atractivo tomar la transparencia como un elemento en esta decisión. Con la transparencia se abre la posibilidad de tomar una decisión informada acerca de cómo algún funcionario -convertido a candidato- ejerció el dinero público; cuántas veces faltó un diputado a las sesiones en el Congreso; enterarse si un alcalde tuvo observaciones en una auditoría; o constatar si un secretario ha sido señalado por violencia en razón de género.
Sin embargo, la realidad sobre la transparencia y el “quehacer” público contrasta con estos supuestos. Las estadísticas del Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del INEGI nos muestra que en 2023 crecieron en 102% las sanciones a instituciones públicas por no entregar la información que las personas querían conocer. Es claro que si existen más barreras para acceder a la información entonces se afecta directamente el derecho de acceso a la información y, en consecuencia, las decisiones se limitan.
En Aguascalientes la transparencia enfrenta retos que requieren de la voluntad de los funcionarios encargados. Durante el 2022, la entidad fue una de las 13 entidades que sí contaban con un Consejo Consultivo en materia de transparencia. Es decir, el grupo de personas ciudadanas que por ley colaboran con sus propuestas y opiniones para mejorar las políticas de transparencia en la entidad. Sin embargo, actualmente es difícil saber cuáles han sido los temas que han impulsado en la agenda del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA), las reuniones que han llevado a cabo, o la forma de contactar a sus integrantes para plantear alguna propuesta con el interés de aportar. En las redes sociales del Consejo -digamos, una vía conocida y de fácil acceso- no han publicado novedades desde enero del 2023. Aquí veo una clara área de oportunidad en la difusión.
Otro dato que llama la atención es que Aguascalientes está entre las 5 entidades con el menor número de solicitudes de información y de datos personales recibidas. Acorde al INEGI registró 171 solicitudes. Si hacemos la comparación por población entre Aguascalientes (1,425,607 habitantes) y Tlaxcala (1,342,977 habitantes), notaremos que Tlaxcala al registrar 214 solicitudes en 2022 proporcionalmente es más activa en transparencia. Así, Tlaxcala queda 6 posiciones por encima de Aguascalientes en número de solicitudes recibidas.
Finalmente, el Censo presenta las resoluciones emitidas por los Comités de Transparencia de los institutos locales. En otras palabras, esto refiere a las respuestas que dan las instituciones de transparencia después de un análisis interno cuando las personas les piden información. En el caso del ITEA en el 91% de las resoluciones de su Comité de Transparencia clasifican la información como “confidencial”. Este tipo de clasificación se aplica cuando la información contiene datos personales de una persona; por ejemplo: la CURP, cuentas bancarias, domicilio, teléfono, entre otros. Llama la atención que el promedio nacional de resoluciones que determinan como confidencial la información es de 58% con lo cual Aguascalientes queda en el segundo puesto en el país.
La falta de información sobre las propuestas ciudadanas en transparencia, el bajo número de solicitudes de información realizadas, así como uno de los mayores porcentajes en el país para clasificar información como confidencial, han construido una barrera para que la sociedad hidrocálida se familiarice con su derecho de acceso a la información. La transparencia es un tema complejo de entender y que por años sólo ciertos sectores que dominan el tema (academia, servicio público, periodismo) han podido explorar a fondo. Las elecciones son un gran momento para preguntar sobre el desempeño y los resultados que han tenido quienes hoy aspiran a continuar o buscar otra posición en el gobierno. Aún faltan incentivos y voluntad para que esto sea una realidad al alcance de todos.
