Llaman a futura titular del Ejecutivo y al Congreso de la Unión a desechar iniciativa de reforma. Esta reforma sería una redefinición de las relaciones cívico-militares y el orden constitucional
Preocupa a Amnistía Internacional México y al colectivo Seguridad Sin Guerra el anuncio de la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, sobre la reforma constitucional para transferir la Guardia Nacional hacia la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), a partir del 1 de octubre de 2024, por lo que hace un llamado a la próxima titular del Ejecutivo y al Congreso de la Unión a desechar dicha iniciativa.
El organismo considera que, de aprobarse dicha reforma constitucional, sienta la base para la participación de militares en todos los órdenes de la vida pública civil del país y valida todas las tareas extra constitucionales y violatorias de las obligaciones internacionales de México que han sido otorgadas a las fuerzas armadas.
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“De aprobarse la reforma constitucional, la participación de militares en la Guardia Nacional y su adscripción a la SEDENA, implicaría una violación al principio de la separación de poderes y la independencia judicial, al asumir las fuerzas armadas tareas de investigación, incluso en casos de delitos en los que el propio personal castrense esté involucrado. Hemos visto a lo largo de los años que las Fuerzas Armadas se protegen a sí mismas y no están dispuestas a que sus efectivos rindan cuentas ante la justicia”, señala el posicionamiento del organismo internacional.
“Avanzar con una serie de reformas de esa naturaleza es, en realidad, una redefinición de las relaciones cívico-militares, que rompe el orden constitucional definido desde 1917, mediante el cual se estableció que las Fuerzas Armadas en tiempos de paz no podrían realizar más actividades que las propias relacionadas con la disciplina militar y que estarían subordinadas a la autoridad civil”, subraya Amnistía Internacional México.
Amnistía Internacional y el colectivo Seguridad Sin Guerra consideran que, en materia de seguridad pública, es mejor apostar por la seguridad ciudadana, bajo la premisa de que las fuerzas armadas y las policías civiles tienen naturalezas y funciones distintas: las primeras están capacitadas para ocuparse de los enemigos que amenazan al Estado y son ajenas a la seguridad comunitaria que sí es tarea y naturaleza de las instituciones estrictamente policiales que, ante la vorágine militarizante de la Guardia Nacional, prácticamente han sido desaparecidas a nivel federal y ocupadas en su conducción y operación en las policías estatales y municipales, también por elementos militares en retiro o en comisión.
“Desde Amnistía Internacional y el Colectivo Seguridad Sin Guerra consideramos que un gobierno electo bajo las reglas democráticas debe preservar el orden constitucional y el respeto al pacto de la relación cívico-militar que ha sometido a la autoridad y mando civil a las instituciones militares, a la vez que ha limitado sus funciones en tiempos de paz a actividades exclusivas a la disciplina militar”, recalcan.
