Dictamen se deriva de amparo interpuesto por una asociación civil. CENEVAL coordinará los trabajos
Derivado de un amparo presentado por la Asociación Civil “Educación con Rumbo”, el Poder Judicial de la Federación ordenó, mediante una suspensión definitiva, a la Secretaría de Educación Pública (SEP) llevar a cabo todos los trámites y gestiones a fin de garantizar que se realice en México la Prueba PISA (Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, PISA, por sus siglas en inglés) el próximo año.
A través de un comunicado, la organización informó que la suspensión definitiva dictada por el Poder Judicial de la Federación, está en proceso de cumplimiento por la SEP, por lo cual ha informado que el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) coordinará los trabajos para realizar la prueba piloto en octubre de 2024 y la prueba definitiva durante los meses de abril y mayo de 2025.
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La suspensión se logró a través del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, la cual hace posible que entre en vigor el programa piloto implementado por la SEP en 960 escuelas del país, al considerarlo inconstitucional, a la vez que anunció que analizará también la constitucionalidad del modelo educativo.
“Lo anterior forma parte de la estrategia de Educación con Rumbo para garantizar el derecho de los niños a la educación y a la igualdad”, expuso la asociación civil.
El abogado constitucionalista Miguel Ángel Ortíz, representante de Educación con Rumbo, sustentó que el artículo 28 de la Convención de los Derechos del Niño establece que la educación que imparte el Estado debe realizarse en condiciones de igualdad, por lo cual el Programa Piloto de la SEP es institucional al establecer dos modelos educativos, uno para las 960 escuelas donde se pretende aplicar y otro para el resto de las escuelas públicas y privadas.
Paulina Amozurrutia, coordinadora Nacional de Educación con Rumbo, destacó que la realización de la Prueba Pisa con la intervención y participación de la Sociedad Civil es un paso importante que permitirá definir las políticas públicas en materia educativa de la siguiente administración, por lo cual realizó un llamado a Mario Delgado, próximo secretario de Educación Pública, para trabajar de manera coordinada y corresponsable en el diseño del Programa Sectorial de Educación 2024-2030 y en la constitución de los canales de comunicación y participación de los especialistas de las organizaciones civiles interesadas en la mejora educativa del país.
Agregó que el amparo concedido es “un logro inédito y relevante de la Sociedad Civil para garantizar el derecho del Interés Superior de la Niñez y asegurar una educación en condiciones de igualdad, sustentada en métodos científicos y libre de corrientes ideológicas”.
