El objetivo es salvaguardar su independencia. Propuesta para elegir jueces y ministros podría generar responsabilidades internacionales
En una reciente conferencia de prensa, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), junto con otras organizaciones legales y civiles como la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), la Academia Mexicana de Derecho Fiscal (AMDF), y México Evalúa, expresaron su profunda preocupación sobre la dirección actual de la reforma al Poder Judicial Federal en México. Estas instituciones unieron fuerzas para presentar propuestas con el objetivo de fortalecer el sistema judicial y garantizar que cualquier modificación contribuya a la mejora de la impartición de justicia en el país.
José Medina Mora Icaza, presidente nacional de COPARMEX, destacó que desde el inicio de las discusiones sobre la reforma, la Confederación ha trabajado incansablemente para asegurar que cualquier cambio en el sistema judicial refuerce su eficiencia y no lo debilite. “Hemos realizado un análisis exhaustivo y recabado propuestas a través de diversos foros donde expresamos nuestras preocupaciones y advertimos sobre los riesgos potenciales”, comentó Medina Mora, subrayando la importancia de una reforma que considere la integridad del sistema judicial en su conjunto.
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Medina Mora también señaló que la propuesta actual de reforma presenta preocupaciones significativas. “La reforma ignora tanto las fortalezas del Poder Judicial federal como las necesidades y debilidades de los poderes judiciales estatales. Si en México buscamos una mayor justicia, es fundamental considerar también a las fiscalías de los estados, ya que forman parte de un sistema integral que requiere atención en su totalidad”.
Marcos del Rosario, presidente del Comité Jurídico y de Justicia de COPARMEX, aportó que los foros organizados por la Confederación han concluido que es necesario revisar a fondo cómo mejorar el Poder Judicial sin destruir los elementos que ya funcionan. Del Rosario destacó la importancia de preservar aquellos aspectos del sistema que han demostrado ser efectivos en la administración de justicia.
Nuhad Ponce Kuri, presidenta de ANADE, enfatizó la necesidad de mejorar la justicia en México de manera que proteja verdaderamente a los ciudadanos, pero cuestionó si la propuesta actual logra ese objetivo. En particular, criticó el proceso de elección popular de ministros, magistrados y jueces, señalando que no garantiza una mayor calidad en la impartición de justicia.
Gabriela Ríos Granados, presidenta de la AMDF, expresó sus preocupaciones sobre el funcionamiento del nuevo tribunal de disciplina, advirtiendo sobre posibles disonancias entre este órgano y las entidades federativas, lo cual podría afectar negativamente la administración de justicia.
Andrea Rovira del Río, vicepresidenta del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM), subrayó las carencias de la reforma, destacando la falta de garantías para los jueces que lidian con el crimen organizado, un aspecto crucial que ha sido omitido en las discusiones.
Mariana Campos, directora general de México Evalúa, advirtió que la reforma podría poner en riesgo la justicia en México, al amenazar la independencia del Poder Judicial, un pilar esencial de la democracia que protege los derechos y libertades de los ciudadanos.
Luis Asali Harfuch, presidente del Consejo Nacional de Litigio Estratégico (CNLE), destacó la importancia de elegir jueces basándose en su experiencia y méritos, en lugar de mediante votación popular, para asegurar la competencia y efectividad del sistema judicial.
El presidente nacional de la COPARMEX reiteró su compromiso con una reforma judicial que garantice una justicia efectiva y eficiente, y afirmó que continuará colaborando con la sociedad civil para asegurar que la reforma refleje las necesidades y deseos de todos los ciudadanos, contribuyendo así a un futuro más justo y equitativo para México.
