Por mayoría de votos fue que se dio luz verde a la aprobación de estos dictámenes, donde la totalidad de la fracción panista votó a favor
Aun cuando grupos de activistas presionaron a las afueras del Congreso del Estado se logró la aprobación de la ley de “protección a la vida” así como la modificación del Código Penal del estado de Aguascalientes, donde se criminalizará a las mujeres que decidan abortar después de las 6 semanas de gestación y no hasta las 12 semanas, como estaba establecido en la ley.
Por mayoría de votos fue que se dio luz verde a la aprobación de estos dictámenes, donde la totalidad de la fracción panista votó a favor, contando con los votos a favor de los representantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), sólo en la ley de “protección a la vida” ya que en la disminución de semanas el diputado Cuauhtémoc Escobedo votó en contra, así como algunos integrantes de la bancada de Morena.
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Las y los legisladores que votaron en contra ambos dictámenes fueron los morenistas Leslie Figueroa Treviño, Ana Gómez Calzada y Juan Carlos Regalado Ugarte, así como los perredistas Sanjuana Martínez Meléndez y Emanuelle Sánchez Nájera.
Durante la votación hubo manifestaciones en contra y otras a favor por parte de los legisladores, quienes pudieron debatir en una lucha de ideas, así como justificar esta afrenta a los derechos humanos.
El diputade Juan Carlos Regalado calificó como un absurdo el que se quiera defender la vida bajo argumentos morales, cuando se puede ver que esa defensa de la vida se acaba si la persona es homosexual: “es de verdad indignante cómo pretenden borrar a las personas trans y no binarias de la normativa y creo que esta iniciativa es una afrenta grave a los derechos de las mujeres y a los derechos humanos”.
Por su parte, la diputada Sanjuana Martínez, quien cabe señalar que minutos antes fue agredida al ingresar al recinto legislativo, señaló: “el día de hoy estoy aquí para alzar la voz por los derechos de las mujeres, después de haber sido agredida de quienes se dicen defender los derechos de las mujeres y es por esto que alzo la voz, pues todas las autoridades tienen la obligación de proteger los derechos humanos con el principio de progresividad”.
Por su parte, el diputado Enrique García López justificó el hecho señalando que especialistas documentan que un aborto inducido genera riesgos de trastornos psiquiátricos, donde la interrupción del embarazo puede detonar depresión, recurrir al consumo de drogas y otro tipo de problemas mentales que puede orillar al suicidio: “el no nacido es un ser humano y por tanto merece derechos”.
Recalcó que esta decisión no es un desacato a la SCJN ni un atentado a los derechos de las mujeres, “no podemos ir en contra de una realidad, pues el amor a la vida es lo que más requerimos en los tiempos actuales”.
