Con la asignación de curules prevista por el Instituto Nacional Electoral (INE), la oposición en la Cámara de Diputados quedará atada de manos para impugnar reformas o leyes que consideren inconstitucionales, mientras que en el Senado las controversias judiciales estarían sujetas a que la oposición actúe en bloque.
De acuerdo con los proyectos para la asignación de diputaciones y senadurías que el INE definirá el viernes, Morena, PVEM y PT obtendrían 364 de las 500 curules disponibles en la Cámara Baja, 30 más de las que necesitan para obtener la mayoría calificada y realizar reformas a modo.
Mientras que en la Cámara de Senadores, Morena y aliados conseguirían 83 lugares de los 128 disponibles, lo que implica que no consigan la mayoría calificada pues la oposición tendría el 45% de representación.
Si el proyecto de la comisión de prerrogativas del INE es aprobado por el pleno del Instituto, sólo en la Cámara de Diputados la oposición estaría impedida para tramitar acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de reformas o leyes que consideren inconstitucionales.
El reparto definitivo de las plurinominales estará en manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en caso de que algún partido impugne la decisión que tome el INE.
El artículo 105 constitucional exige que para poder tramitar acciones de inconstitucionalidad la demanda esté firmada por el 33% de los integrantes de la Cámara del Congreso de la Unión que tenga interés en impugnar.
En el caso de la Cámara de Diputados, Morena y aliados tendrían el 73% de las curules, lo que impide a la oposición reunir el 33% que requieren para combatir en la Corte cualquier reforma que impulsen las bancadas mayoritarias.
En el Senado, oposición obligada a actuar en bloque
En cambio, en la Cámara de Senadores, la oposición tendría 45 lugares que equivalen al 35% de las curules y tres lugares más de los que requiere para poder impugnar reformas constitucionales o leyes que considere contrarias a la Carta Magna.
Para ello, PRI y PAN dependen de que Movimiento Ciudadano actué con ellos y de la lealtad de todos sus integrantes pues, si más de tres senadores se alinean a los intereses de los partidos oficialistas, no reunirán la representación requerida para acudir a la Corte.
Esta nueva alineación del Congreso garantiza a Morena y sus aliados la aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma judicial planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que supone la desintegración de la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), misma que durante todo el sexenio, incluso cuando Arturo Zaldívar era ministro presidente, desarticuló diversas reformas impugnadas por la oposición.
Por ello, aunque en el Senado de la República los partidos oficialistas no tendrían mayoría calificada, los legisladores de oposición deberán apostar también a votar en bloque para evitar que pase dicha reforma.
Si la oposición fracasa en la votación del Senado, los legisladores tendrían la oportunidad de acudir a la acción de inconstitucionalidad que, finalmente, deberá ser resuelta por la propia Corte.
En la reforma no sólo la permanencia de los ministros en sus cargos está en juego, sino también sus haberes de retiro que, conforme al dictamen de reforma presentado por la Cámara de Diputados el pasado viernes, podrían conservar siempre y cuando no intenten impedir dicha modificación y renuncien anticipadamente luego de que el decreto correspondiente sea publicado.
Esto implica otro escenario adverso para las posibles impugnaciones que la oposición quiera hacer valer contra otras reformas, pues ya no correspondería a estos ministros resolverlas sino a quienes resulten electos por voto popular.
