Advirtió injerencia de delincuencia organizada, partidos políticos e intereses extranjeros. Paro de labores del PJF está respaldado por la Constitución y el derecho internacional
José Ramón Cossío Díaz, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sentenció que la reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente de la República no resolverá los problemas en la impartición de justicia en México y sí ampliará la problemática de impunidad, “no resuelve lo que tenía que resolver y sí agrava lo que no tenía por qué tocar”, dijo.
Lo anterior sucedió en el webinar organizado por la Coparmex Aguascalientes, con el apoyo de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, el Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes (CCEA), el Consejo de Laicos, Aguascalientes, Gran Visión y la Universidad Panamericana campus Bonaterra y la JUFED (asociación que agrupa a magistrados de Circuito y jueces de Distrito).
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Los organizadores del evento, el magistrado Alejandro López Bravo y Karla Martorell, presidenta de la Comisión de Desarrollo Democrático, dieron la bienvenida al evento en línea, para luego darle la palabra a Juan Carlos Soledad Pérez, presidente del Centro Empresarial de Aguascalientes, quien afirmó que es mucho lo que está en juego en este momento en el país, por lo que agradeció la participación de legistas altamente calificados para brindar su opinión en temas como la ilegal sobrerrepresentación que se quiere imponer en el Congreso de la Unión y la pretendida reforma Judicial que está a punto de ser votada.
En primera instancia, tomó la palabra el presidente nacional de Coparmex, José Medina Mora, quien expresó su solidaridad con los trabajadores del Poder Judicial por el actual paro de labores, tras señalar que se debe conservar lo que sí funciona, como reconocer laboralmente la preparación y trayectoria de jueces y magistrados, razón por la que reiteró su compromiso con la defensa de los principios básicos de impartición de justicia del Estado mexicano.
El ex ministro de la SCJN, José Ramón Cossío, reconoció que existe una tasa muy alta de impunidad en el país, de casi el 94%, por lo que sí es necesaria una reforma al Poder Judicial, pero no la presentada por Andrés Manuel López Obrador, que “no resuelve lo que tenía que resolver y sí agrava lo que no tenía por qué tocar”, como es la reducción de ministros, lo que aumentaría el rezago; o bien, la elección de personas juzgadoras, lo que abriría las puertas a la injerencia de la delincuencia organizada, partidos políticos y hasta intereses extranjeros.
Además, el jurista observó que logísticamente es inviable la realización de votaciones de jueces y magistrados, incluyendo la modalidad de “tómbola” o tomar como referencia las calificaciones obtenidas en las universidades, las cuales no siempre garantizan una calidad en la formación de los abogados. También aseveró que la institución de un Tribunal de Disciplina Judicial es fascista, pues deja a la interpretación de sus integrantes las supuestas violaciones en contra de la administración de justicia.
La jueza Juana Fuentes Velázquez, directora nacional de la JUFED, explicó que el paro de labores se fundamenta en la Carta Magna y en el derecho internacional, específicamente en resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Además, la también jueza Alejandra Rivera Rodríguez, experta en materia electoral, expuso que otorgar 8% de curules adicionales a cada partido de la coalición ganadora de las elecciones es violatorio al derecho electoral y a la Constitución.
