El presidente López Obrador desde que asumió su cargo ha ofrecido un solo argumento para justificar el proceso de militarización de la administración pública.
Lo que ha dicho en múltiples ocasiones es que al llegar al gobierno se encontró con que todas las instituciones públicas estaban inmersas en una enorme corrupción.
En su valoración no había funcionarios civiles honestos en ninguna dependencia y por lo mismo no se podía confiar en ellos.
Se encontró también que las únicas instituciones del gobierno integradas por funcionarios que no eran presa de la corrupción eran los soldados y marinos.
Solo en ellos podía confiar, para iniciar la transformación de la administración pública y del país que se había propuesto al llegar a la presidencia.
A lo largo de dos décadas, como candidato a la presidencia, se había comprometido a que si triunfaba de inmediato iba a regresar al Ejército a los cuarteles.
La nueva posición del presidente implicó un cambio radical de su visión del Ejército y la Marina, ahora ya no eran fuerzas represivas sino las únicas instituciones del gobierno que no eran corruptas.
Desde el inicio de su mandato, López Obrador decretó que en su gobierno ya no había corrupción. De la noche a la mañana los que eran corruptos ahora ya no. Se habían convertido a la honradez.
A partir de entonces en la valoración del presidente todos los integrantes de las dependencias de la administración pública ya no son corruptos, sino ejemplo de virtud pública.
Y si la única razón para involucrar al Ejército y la Marina en las tareas de la administración pública, que no les corresponden, era porque todos los funcionarios civiles eran corruptos, ya no es así.
Ahora, por lo mismo, la intervención excepcional del Ejército y la Marina ya no se requiere. Se les debe de dar las gracias y hacer que regresen a los cuarteles, que era la idea original de López Obrador.
Y los funcionarios civiles honrados, que ahora participan en este gobierno, que lo son todos, dice el presidente, deben hacerse cargo de las tareas propias de los civiles en la administración pública.
La nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, que recibe un gobierno con solo funcionarios ejemplarmente honrados, ya no necesita que el Ejército y la Marina estén a cargo de tareas propias de los civiles.
El argumento utilizado por López Obrador ya no es válido porque ya no existen funcionarios civiles corruptos, no es, por lo mismo, el argumento que pueda utilizar la nueva presidenta.
¿En el gobierno de Sheinbaum, el Ejército y la Marina seguirán haciéndose cargo de áreas de la administración pública que deberían estar en manos de los civiles?
¿Cuál, entonces, sería el nuevo argumento? ¿No es cierto que se haya terminado la corrupción en la administración pública? ¿Por qué se necesita de la militarización, para gobernar?
@RubenAguilar
