Decíamos la semana pasada que una de las formas en que tratamos de contrarrestar el presidencialismo, es a través de la creación de agencias de calidad técnica que estén fuera de los tres poderes tradicionales y que por esta razón toman decisiones de naturaleza neutral (OCA’s u organismos constitucionales autónomos): las universidades, el IFE-INE, la SCJN en papel de tribunal constitucional, la CNDH, los tribunales agrarios y administrativos; el IFAI-INAI, la COFECE, el IFETEL, el Tribunal Electoral (que luego se ubicó dentro del PJF) el Coneval, el INEGI, y el INEE (que AMLO desapareció). Pero como no fue suficiente para contrarrestar la fuerza del Ejecutivo, se añadieron algunos otros no al cien por ciento autónomos pero con cierta libertad: Consejo de la Judicatura, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el Comité de Participación Ciudadana, la Secretaría Ejecutiva del SNA, por supuesto la ASF, el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, entre otros, pues hay algunos más que no identifico plenamente su naturaleza. El colmo fue la creación de un organismo autónomo dentro de otro autónomo: el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, un comité con autonomía técnica dentro de la CNDH.
¿Muchas autonomías? Como ya señalamos, la génesis del poder es la unidad, la fragmentación del poder es por sí misma una contradicción, y ahí el presidente de la República sí tiene un punto, distintos autores han criticado a los autónomos que se volvieron un ejército. Por ejemplo, Diego Valadés en algún momento sostuvo que eran un disparate (https://www.youtube.com/watch?v=q-5I30R80vg&t=3s) recientemente, al amparo del poder desmedido de AMLO, varió su pensamiento para comprender su importancia. Y es que, las demasiadas autonomías, sí tenían y generaban un problema, como lo sostiene de forma brillante el jurista Pedro Salazar Ugalde, en Las demasiadas autonomías (https://www.nexos.com.mx/?p=18380).
Un presidente como AMLO, que aprendió teoría política a mediados del siglo pasado, no puede concebir estas agencias que, si bien parecieran muchas, tienen finalidades importantes que no en todos los casos pueden ser reintegradas al Ejecutivo. Parece que alguien sí lo entendió, al menos el dictamen que hoy circula de la Cámara de Diputados, no establece la desaparición de todos, se van: Cofece, IFT, Coneval, INAI, CNH, CRE y la MEJOREDU. Se quedan: tribunales agrarios y administrativos, INEGI (al menos seguirán los otros datos) universidades, CNDH e INE (estos dos últimos al parecer cambiarán de nombre y estructura) y permanecen algunos de los que consideramos semi-autónomos: Comité de Participación Ciudadana, ASF. En el caso del Poder Judicial, sobreviviría la SCJN como tribunal constitucional, el Consejo de la Judicatura y se crearía un nuevo, al parecer, ente cuasi autónomo: Tribunal de Disciplina Judicial.
La mayoría calificada para reformar la Constitución, prácticamente la ha conseguido el partido político Morena. Como en todo partido, hay gente pensante y valiosa, dudo mucho que todos estén de acuerdo en desaparecer a la totalidad de los entes autónomos, más aún creo que algunos están conscientes del problema que representará hacerlo, en especial el INAI, pieza clave para entender la rendición de cuentas y el combate a la corrupción en la actualidad. La pregunta es ¿se plegarán a las decisiones oficialistas pese al papel que la historia les asignará? La lógica en la política mexicana se ha dado en dos polos: a veces el partido oficialista impone abrochándose a la oposición (recordemos aquella roqueseñal tan vergonzosa) o se buscan consensos cediendo algo (la reforma reyes heroles o el pacto por México).
¿Se abrocharán morena y sus aliados a los partidos de oposición y con ellos a todos los que no estamos de acuerdo en que desaparezcan todos los OCA’s? ¿Quiénes serán los tres senadores de los opositores que venderán caro su amor aventureros? A esta historia de derecho constitucional aún le faltan capítulos, así que esta segunda parte aún esperará a las discusiones y votaciones del pleno del Congreso de la Unión.
