Se activa cuando una ley discrimina o perjudica mujeres en comparación con otros estados. Buscan proteger los DDHH de mujeres, adolescentes y niñas
Al considerar un grave retroceso la reforma legislativa del Congreso del Estado de Aguascalientes que reduce de 12 a seis semanas la interrupción voluntaria del embarazo, el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes (OVSGA) y el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF) solicitarán a la Secretaría de Gobernación la activación de una Alerta de Género por Agravio Comparado, para proteger los derechos humanos de las mujeres, adolescentes y niñas en la entidad.
Esta Alerta se activa en los siguientes supuestos: Cuando las leyes de una localidad o entidad discriminan o perjudican a las mujeres en comparación con las leyes de otros estados.
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En caso de que un ordenamiento jurídico vigente o una política pública transgreda los derechos humanos de las mujeres o no se proporciona el mismo trato jurídico en igualdad de circunstancias entre mujeres y hombres
Es importante recordar que el 7 de septiembre de 2021, la SCJN resolvió por unanimidad que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, afirmando el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre su cuerpo sin enfrentar consecuencias penales. Esta misma Corte ha reiterado en múltiples ocasiones que los límites temporales para la interrupción del embarazo constituyen una barrera inconstitucional, especialmente para las víctimas de violencia sexual, negando su dignidad humana y el libre desarrollo de su personalidad.
“Con esta decisión, Aguascalientes se aparta de los avances en derechos reproductivos que ya se han alcanzado en 13 de las 32 entidades del país, donde la interrupción voluntaria del embarazo es legal hasta las 12 semanas de gestación sin necesidad de justificación”, puntualizó María de la Luz Estrada, directora del OCNF.
Las organizaciones civiles advirtieron que continuarán vigilando y denunciando cualquier acción que atente contra los derechos fundamentales de las mujeres, adolescentes y niñas, y llaman a la sociedad y a las autoridades a defender y garantizar estos derechos esenciales.
Las organizaciones consideran especialmente alarmante que la reciente reforma, impulsada por los Partidos Acción Nacional y respaldada por el Partido Verde Ecologista de México, el Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano, Morena y el Partido del Trabajo, introduce un elemento regresivo en el tratamiento del aborto espontáneo al requerir la evaluación de dos especialistas de la salud para su reconocimiento, “lo que añade un obstáculo más para quienes enfrentan esta difícil situación”, y que las pone en riesgo de ser criminalizadas.
