- La directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), Juana Fuentes afirmó que con la reforma la justicia en México se convertirá en un botín para quienes busquen impunidad
Luego de la aprobación de la reforma judicial en el Poder Legislativo, jueces y magistrados federales anunciaron que la combatirán por las vías legales y acudirán a instancias internacionales.
La mañana del 11 de septiembre la directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), Juana Fuentes afirmó que con la reforma la justicia en México se convertirá en un botín para quienes busquen impunidad.
“Este es el momento de resistir, de usar todas las herramientas legales a nuestro alcance para defender la independencia del Poder Judicial. No nos vamos a quedar en silencio. Vamos a recurrir a todas las instancias nacionales e internacionales que protegen la independencia judicial. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y las redes globales de jueces y magistrados justo están conociendo en este momento lo que está sucediendo”, dijo en el plantón que los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) mantienen afuera del Senado de la República.
“Hacemos un llamado a la resistencia legal. No abandonaremos nuestros principios. La justicia no puede ser comprada, manipulada ni cooptada. Vamos a luchar, no solo por nosotros, sino por las generaciones que vienen. A ustedes, compañeros juzgadores y trabajadores, les digo: nuestra lucha no es solo por nuestras carreras, es por nuestro Estado de derecho, por la defensa de los derechos humanos y por la democracia misma de nuestro país. Esta batalla no será fácil. El camino por delante es arduo y lleno de obstáculos, pero nuestra causa es justa”.
El 10 de septiembre, mientras los senadores discutían la reforma, los trabajadores irrumpieron en la sesión y obligaron a los legisladores a continuar con la discusión en la sede alterna de Xicoténcatl, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
Allí, los trabajadores inconformes tuvieron un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que resguardaban el inmueble, lo que la jueza de Distrito, Juana Fuentes calificó como una ofensa que, aseguró, ya está siendo denunciada.
“Ayer (10 de septiembre), a los estudiantes y trabajadores los recibieron en los recintos de Reforma y Xicoténcatl con gases lacrimógenos. Eso es una ofensa, es ponerlos en peligro. Tenemos ya delegaciones presentando denuncias contra este golpe de estado técnico. Ha sido cometido por un gobierno transexenal que se dice democrático, pero que no escucha ni ha escuchado nunca; que se dice de izquierda, pero que busca construir un régimen de excepción, que debe ser denunciado y desenmascarado”, afirmó.
“La justicia en este país no se arrodilla ni se arrodillará ante ningún poder político. Hoy (11 de septiembre), nuestras voces resuenan no solo por nosotros, sino por cada persona que ha confiado en la ley como su última defensa. Resistiremos. Y, cuando la historia nos juzgue, se sabrá que estuvimos del lado correcto. Juntos, juntos lucharemos por un país donde la justicia siga siendo ciega a los intereses del poder, pero siempre atenta a la verdad”.
El 10 de septiembre, luego de la aprobación de la reforma en el Senado de la República, la vocera de los trabajadores del PJF, Patricia Aguayo informó que en los próximos días definirán si levantarán el paro que mantienen desde el 19 de agosto pasado o lo prolongarán hasta octubre, mes en el que se tiene prevista la toma de protesta de la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum.
Al ser aprobado por la Cámara de Senadores, el dictamen de reforma fue enviado a los congresos locales de todo el país pues al tratarse de una modificación constitucional se requiere que por lo menos 17 legislaturas estatales la aprueben para que prospere.
Actualmente 24 entidades federativas son gobernadas por Morena, partido que impulsó la reforma judicial, por lo que una vez que la mayoría de los congresos estatales apruebe la modificación, el dictamen será enviado al presidente de la República para que la promulgue y publique e inicien los términos establecidos para la primera elección de juzgadores por voto popular en la historia de México.
