“Las venas abiertas de América Latina”, publicada en 1971, es una obra conocida por muchos como la “biblia latinoamericana”, escrita por el laureado y reconocido escritor uruguayo Eduardo Galeano (1940-2015). En este libro, Galeano narra la historia económica de América Latina y su relación de saqueo y explotación comercial y social, primero por los imperios europeos y luego por el estadounidense. La narrativa abarca desde el siglo XV hasta finales del siglo XX, incluyendo los incipientes tratados de libre comercio. Galeano utiliza la metáfora de las “venas abiertas” para describir cómo los recursos naturales de América Latina han sido saqueados y llevados a las regiones que dominan el orden mundial capitalista.
Galeano menciona que el desarrollo es un viaje con más náufragos que navegantes (desigualdad), describiendo la estructura del despojo implementada por las políticas neoliberales en la región, impulsadas por intereses extranjeros y élites locales cómplices. Estas políticas han buscado la privatización de los recursos públicos, dejando al capitalismo y al mercado, incluso el manejo de las leyes y los recursos naturales, mediante la reducción de la intervención del Estado en la economía y la justicia.
Hace algunos años, durante una charla con un director del INEGI, obtuvimos un dato revelador: el costo directo de la mano de obra en la fabricación de un automóvil de una marca oriental en México representa solo el 1% del costo total de fabricación. Este dato subraya la baja remuneración laboral en la industria manufacturera mexicana, que según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, sigue siendo baja comparada con otros países de América Latina, como Brasil y Chile. En 2023, el salario promedio en la industria manufacturera en México fue de aproximadamente $8,000 pesos mensuales, frente a los $12,000 en Brasil y $14,000 en Chile. Este dato es relevante frente a la narrativa histriónica, diría yo, de muchas cuentas en redes sociales y medios de comunicación parciales, aún alineados con ciertos intereses económicos de las élites desplazadas, los cuales intentan alarmar con la retirada de esas redituables inversiones para las empresas y los intereses extranjeros, con la aprobación de una Reforma al Poder Judicial.
En la coyuntura nacional actual, con la inminente Reforma al Poder Judicial, surge algunas pregunta para la SCJN: ¿es el último eslabón garantista de estos intereses supranacionales, o podría, mediante su actuación, fortalecer el estado de derecho y defender los derechos de la mayoría de los ciudadanos mexicanos que no pertenecen a esas élites dominantes? ¿Buscará el equilibrio para detener la sobreexplotación de los recursos naturales y humanos que, hasta la fecha, “nuestros socios comerciales” siguen practicando en nuestro país?
Para contextualizar, es relevante mencionar que las reformas judiciales pueden tener impactos profundos en la economía y en la confianza en el sistema legal. Según el Banco Mundial, reformas judiciales en países como Colombia y Perú han mejorado el entorno de negocios al reducir la corrupción y aumentar la previsibilidad jurídica. Por ejemplo, el índice de percepción de corrupción en Colombia mejoró tras implementar reformas judiciales en 2016, facilitando un entorno más transparente para inversionistas.
Desde hace más de seis meses, el Ejecutivo federal envió un paquete de 20 iniciativas, entre las que se encuentra la reforma al Poder Judicial. Surgen otras preguntas: ¿por qué la oposición no obtuvo respaldo popular en las urnas, si los ciudadanos ya conocían esta iniciativa y sabían que, si la 4T lograba la mayoría calificada en el congreso de la union y en al menos en 17 congresos locales de los 32 estados, impulsaría dicha reforma? ¿Por qué no favoreció a la oposición? Solo en Aguascalientes, un estado del país, ganó su candidata presidencial. En cuanto a la Cámara de Diputados, la mayoría calificada de la 4T ya aprobó en lo general, por mayoría calificada de 359 votos a favor, 135 en contra y cero abstenciones, el dictamen con proyecto de decreto para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Constitución Política, relativas al Poder Judicial, sin mayores trámites. Esto recuerda al “marcador” cuando la Cámara de Diputados aprobó en 2013 la controvertida reforma energética, con 354 votos a favor, 134 en contra y ninguna abstención. La reforma energética también fue criticada por favorecer a las grandes corporaciones y no abordar adecuadamente las necesidades de los ciudadanos, como evidencian los datos de pobreza y desigualdad que se mantuvieron altos después de su implementación.
Hoy, la atención se centra en el Senado, donde, de los 32 escaños en juego por la vía de mayoría relativa, Morena y sus aliados obtuvieron 30 escaños, mas los de primera minoria y representacion proporcional, dando a la 4T un total de 85 senadores, incluyendo los dos del ya desaparecido PRD, que se sumaron al hoy oficialismo. La oposición (PRI, PAN y MC) cuenta con 43 de los 128 senadores.
Se observa que la SCJN, bajo la presidencia de la Ministra Norma Piña, está en una encrucijada: hacer tándem con la oposición o buscar un acuerdo con el nuevo oficialismo que controla el Legislativo. Si bien por la premura con la que el nuevo Congreso está impulsando la reforma, quiza en la camara alta, podría verse comprometida la aprobacion en estos momentos , especialmente si se considera el senador o senadora que hace falta para otorgarle la mayoria calificada a la 4T. Pero como dice la canción de Timbiriche, “si no es ahora, será mañana”. Es solo cuestión de tiempo.
Es tanto
“Los disensos le hablan a un tiempo futuro. No se trata solamente de decir mis colegas están equivocados y lo haría de esta manera. Los mayores disensos se convierten en opiniones de la corte y gradualmente, con el tiempo, su visión se transforma en la visión dominante”.
Ruth Bader Ginsburg
