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sábado, febrero 14, 2026

Próxima presidenta tiene oportunidad de impulsar investigación y acceder a la verdad y justicia

Claudia Rodríguez Loera
Claudia Rodríguez Loera
Reportera en La Jornada Aguascalientes.

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Avance importante que SEDENA diera información que se ha negado a entregar de caso Ayotzinapa

Otro avance sería que el gobierno diera trato respetuoso a familias de los jóvenes desaparecidos

En el marco de la conmemoración por los diez años de la desaparición forzada de los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa y en vísperas de la toma de posesión de la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, Amnistía Internacional advierte que las autoridades del nuevo gobierno tienen ante sí una oportunidad invaluable para impulsar la investigación del caso que permita a las familias de los jóvenes acceder a la justicia y así poner fin a una década de incertidumbre y dolor que tanto las ha afectado.

“En diferentes foros hemos reiterado que Ayotzinapa es un caso emblemático de las inconsistencias, complicidades, intereses y omisiones que bloquean la impartición de justicia para las familias. Esas falencias, que está en manos del Estado mexicano corregir, constituyen sucesivas violaciones de derechos humanos que se prolongan en el tiempo causando un grave daño a las familias de las víctimas”, declaró Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional, sección mexicana.

Observó que sobre este último aspecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha precisado en diversas sentencias, como la del Caso Trujillo Oroza Vs. Bolivia, que “la privación continua de la verdad acerca del destino de un desaparecido constituye una forma de trato cruel, inhumano y degradante para los familiares cercanos”. Además, en la sentencia del Caso Blake Vs. Guatemala, señaló que “la violación de la integridad psíquica y moral de los familiares, es una consecuencia directa de la desaparición forzada”.

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“Desde Amnistía Internacional hacemos un llamado a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, para que su gobierno impulse las acciones que permitan el acceso a la información que tanto han exigido las familias de los jóvenes y que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) sistemáticamente ha negado. Igualmente, debe garantizar una investigación profesional y expedita que, de una vez por todas, conduzca a la justicia, la verdad y la reparación del daño, que tanto anhelan las familias de los estudiantes”, agregó Olivares Ferreto.

“El nuevo gobierno, que asume el martes 1 de octubre de 2024, tiene el gran reto de reconstruir la confianza con las familias de los jóvenes. Ésta se fracturó, entre otros motivos, por las diferencias entre la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), lo que motivó la renuncia de su titular, Omar Gómez Trejo. Otro hecho fundamental fue el retiro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la investigación, entre otras razones por los obstáculos que enfrentó para obtener información de la SEDENA”, precisó Edith Olivares.

Amnistía Internacional ha dado seguimiento puntual al caso Ayotzinapa desde que ocurrió en 2014 y los avances y retrocesos los ha consignado en sus informes anuales. Además, en 2016 publicó el informe “México: un trato de indolencia, la respuesta del Estado frente a la desaparición de personas en México”, en el que da cuenta no solo de las deficiencias en la investigación, sino también del trato indigno que dan las autoridades a las familias de los estudiantes.

El movimiento ha difundido el caso a nivel global lo que ha permitido llamar la atención de miles de personas que han expresado su solidaridad con las familias de los estudiantes. Amnistía Internacional ha dado también acompañamiento a las familias de los jóvenes que han padecido amenazas y estigmatización, así como a las organizaciones que las acompañan, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez o el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, cuya labor en defensa de los derechos humanos ha sido descalificada sistemáticamente por la actual administración.

Como cada año, Amnistía Internacional se sumará a la marcha en la que se exige justicia para los jóvenes desaparecidos. En esta ocasión, para conmemorar los diez años de que ocurrió ese trágico y doloroso hecho.

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