Según datos proporcionados por Data México, en 2024 se tenían registrados aproximadamente 442,000 abogados en el país. De ellos, el 56.9% son hombres y el 43.1% mujeres. En promedio, trabajan 36.9 horas a la semana, con un salario promedio nacional de $7,600 pesos mensuales. Los estados con mayores ingresos promedio son Baja California Sur, con $16,000 pesos mensuales, pasando por Aguascalientes, con un promedio de $9,900 pesos mensuales, mientras que en lugares como Morelos los ingresos promedio reportados son irrisorios.
En el contexto de la discusión sobre la inminente reforma judicial, cabe señalar que un ministro de la Corte percibe un promedio neto de 277,346 pesos mensuales, incluyendo aguinaldo, prima de riesgo y vacaciones (prorrateado). Aunque este monto podría ser aceptable dadas las graves responsabilidades de su puesto y no difiere mucho de los ingresos de senadores y diputados federales, los lujos y canonjías con los que cuentan estos funcionarios podrían explicar el distanciamiento con la ciudadanía, como ellos mismos han reconocido.
Una de las propuestas de reforma se centra en la remuneración de ministros, magistrados, jueces y personal del Poder Judicial de la Federación. La propuesta estipula que los ingresos no podrán ser mayores a los establecidos para el presidente de la República. La actual administración debería profundizar en la difusión y socialización del contenido de la propuesta. Es importante aclarar que la autonomía o independencia de la impartición de justicia no está en riesgo. De hecho, como ocurre en múltiples cargos, la elección democrática de jueces, tras pasar filtros y controles constitucionales y profesionales, podría conferir mayor legitimidad e independencia en la resolución de sentencias y expedientes.
¿Por qué no aprovechar esta oportunidad para una reforma de gran calado?
La premura con la que la legislatura entrante está operando o socializando la reforma podría estar generando inquietudes. Algunas de estas preocupaciones tienen fundamento, mientras que otras parecen carecer de contexto o no han sido analizadas adecuadamente.
Como antecedente, en 1994 el entonces presidente Ernesto Zedillo reformó profundamente la Suprema Corte de Justicia, reduciendo el número de ministros de 26 a 11, creando el Consejo de la Judicatura y estableciendo recursos como la controversia constitucional y las acciones de inconstitucionalidad. También se cambió la temporalidad del cargo de vitalicia a un límite de 15 años. Estos cambios, lejos de restar autonomía, han brindado mayor legitimidad al Poder Judicial; aunque los actuales ministros, incluida la presidenta, no han manejado estos cambios con la pulcritud necesaria en el contexto de la transformación política actual.
Si bien la Corte y sus ministros no están para buscar popularidad, sino para garantizar que las leyes y actos de autoridad se apeguen a la Constitución y no vulneren los derechos humanos de los ciudadanos. Deben actuar de manera coordinada (no subordinada) con los otros dos poderes de la unión para mantener un orden constitucional eficiente. La falta de habilidad política de la presidenta de la corte Norma Piña, sumada a acciones cuestionables como el desdén cometido a la llegada del presidente constitucional de nuestro país en el acto de la celebración de la promulgación de la Constitución de 1917, el pasado 5 de febrero de 2023, ha generado una percepción de confrontación con el Ejecutivo federal. Este acto, más allá de mostrar una supuesta independencia, parece haber marcado el inicio de una disputa pública sin estrategia clara por parte de la ministra presidenta de la Corte en contra del Poder Ejecutivo y Legislativo federal, poniendo en riesgo el andamiaje jurídico del Poder Judicial.
La situación se agravó posteriormente con un intercambio de mensajes entre la presidenta Piña y el entonces presidente del Senado, Alejandro Armenta, hecho público y admitido por la presidenta en una carta. En ella, se disculpó por la forma en que se dirigió, argumentando que su intención no era amenazar al presidente del Senado. Como decía Reyes Heroles, en política la forma es fondo. ¿Qué intereses o circunstancias llevaron a la ministra presidenta Piña a confrontar de manera frontal a los otros dos poderes de la unión? ¿Fue su cercanía con la oposición y el origen en su designación por el presidente priísta Peña Nieto lo que influyó en su postura, o simplemente su falta de comprensión del contexto político actual?
Hemos enfrentado turbulencias y cambios políticos como nación y siempre hemos logrado superar los desafíos. Hoy en día, la persistente alarma en las redes sociales por parte de una menguante oposición predice un apocalipsis institucional y democrático. Sin embargo, debemos recordar que sobrevivimos a crisis profundas, como en 1994, cuando se temió por la desaparición de la República, por la crisis económica de ese entonces, que nos dejó la deuda histórica que hoy seguimos pagando llamada FOBAPROA.
En lugar de ceder al entreguismo y a los intereses supranacionales, es crucial que nos informemos a partir de fuentes imparciales y especializadas. La implementación de una reforma de este calibre llevará tiempo y es evidente que la presidenta electa Claudia Sheinbaum no tiene intención de atropellar procesos ni derechos laborales adquiridos. Entre los 442,000 abogados y profesionales del derecho, incluidos aquellos que ya forman parte del Poder Judicial, sin duda se encontrarán profesionales dispuestos a asumir el desafío sin necesidad de gastos excesivos en asesores, vehículos blindados o lujos innecesarios.
Es tanto.
“El Derecho no es una lógica en sí misma, sino una lógica en la que hay que insertar todos los valores de la vida”: Pierre Legendre.
