Continúan las manifestaciones a nivel nacional contra la reforma al Poder Judicial de la Federación. En Aguascalientes, cientos de trabajadores salieron a las calles para exigir el respeto a los derechos laborales y a las garantías de seguridad jurídica para la ciudadanía. Señalaron que no solo se afecta a los trabajadores, sino que la reforma podría derivar en la designación de jueces a modo o, incluso, jueces impuestos por el crimen organizado.
Los manifestantes marcharon desde las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, en avenida Aguascalientes, hasta la glorieta de Héroe de Nacozari, donde se encuentra el Supremo Tribunal de Justicia de Aguascalientes, gritando consignas en defensa de la justicia y la ciudadanía. Además, advirtieron que la lucha continuará hasta que haya una respuesta por parte del gobierno.
Daniel Nava Godínez, oficial judicial, mencionó que, en caso de no encontrar una solución, podría llevarse a cabo un paro indefinido de labores. En varias entidades del país ya se ha tomado esta decisión, aunque la fecha límite para ello era el día de hoy. Explicó que se espera que, en una reunión entre el canciller Marcelo Ebrard y empresarios canadienses y estadounidenses, se logre un acuerdo. Nava Godínez destacó que los países aliados de México podrían presionar para que se garantice el estado de derecho, ya que actualmente existe una incertidumbre jurídica que pone en riesgo los tratados internacionales.
Asimismo, Daniel Nava añadió que la situación actual refleja una falta de acatamiento a las suspensiones otorgadas en favor del Poder Judicial Federal, lo que demuestra la ausencia de un verdadero estado de derecho y una certidumbre jurídica para que las empresas se establezcan y la ciudadanía goce de garantías.
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La reforma está actualmente en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero es posible que llegue a la Corte Interamericana debido a la falta de voluntad política del gobierno, explicó Nava Godínez. Antes de llegar a instancias internacionales, debe determinarse si hay una violación de derechos. Si se confirma, la Corte Interamericana podría intervenir, ya que muchas reformas en derechos humanos o cambios legales se logran gracias a la presión internacional.
“Creo que, aun si la Suprema Corte resuelve, la determinación no se seguiría, y esto podría tardar años. La Corte Interamericana podría decretar medidas cautelares, y habría mucha presión internacional, tanto por parte de empresarios como de instancias jurídicas, debido a esta falta de voluntad política”, señaló.
Finalmente, mencionó que no solo preocupa esta reforma, ya que vienen otras como la de la Guardia Nacional, las reformas en materia de las fiscalías generales y la del notariado público, donde el estado busca controlar diversas instituciones.
