Con 78 votos a favor, 39 en contra y ninguna abstención, el Senado de la República aprobó la convocatoria para la elección por voto popular de ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial en junio de 2025.
En esta primera elección que aún no ha definir el Instituto Nacional Electoral, serán elegidos 881 funcionarios judiciales, los nueve integrantes con que se quedará la Suprema Corte de Justicia de la Nación; una magistrada y un magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; cinco integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial; 15 magistrados para las Salas Regionales del Tribunal Electoral, correspondientes a las salas de Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Toluca y Xalapa. Además, se elegirán a 464 magistrados y magistradas de los Tribunales Colegiados de Circuito, así como de los Tribunales Colegiados de Apelación, así como a 386 juezas y jueces de Distrito.
Nada parece detener a la reforma del Poder Judicial, lo único que la ha retrasado ha sido el oficialismo mismo, que en la sesión de ayer en que se aprobó la convocatoria tuvo que declararse un receso para poder reunir las siete firmas de la Mesa Directiva porque una senadora del Partido del Trabajo no se había presentado.
Exagerado, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, calificó de histórica la convocatoria porque “ningún país del mundo elige a todas sus personas juzgadoras y desde México se abre un nuevo camino para la humanidad en la democratización del Poder Judicial de las naciones” y así mete el pie a fondo en el acelerador del enfrentamiento de vehículos que son los trabajadores del Poder Judicial y el oficialismo, lo que traerá una de las más grandes crisis políticas del país.
No importa que magistrados y jueces hayan decidido levantar el paro de labores y mantener las protestas por otras vías, porque la base trabajadora del Poder Judicial se mantiene en su postura de no regresar a trabajar hasta que se cumplan sus peticiones y se asegure por escrito que no serán vulnerados sus derechos laborales.
El discurso del oficialismo, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido el de negar cualquier objeción a la reforma al Poder Judicial, subrayando que se combaten los privilegios y se democratiza a uno de los poderes, pero en ninguna parte se menciona cómo va a mejorar la administración de la justicia, y esa es la crisis más grave que se va a enfrentar en los meses siguientes, cuando la Suprema Corte de Justicia determine la constitucionalidad de esta reforma, magistrados y jueces tengan que ser removidos para someter su cargo a la elección popular… ¿Quién tendrá que demostrar músculo?, ¿quién hará uso de la fuerza para convencer al otro?, lo peor, ¿quién se encargará de darle credibilidad a los administradores de justicia cuando ha sido eliminada la carrera judicial?
La soberbia del oficialismo ha sido avasallar a la inerte oposición, un grupo incapaz de organizarse para enfrentar un cambio en la República y la división de poderes.
Coda. La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó disposiciones de la Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes, así como de los municipios de Aguascalientes, Asientos, Calvillo, Jesús María, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, San Francisco de los Romo, San José de Gracia y Tepezalá; y es el desde el Congreso se permitió el cobro de solicitudes de acceso a la información, así como los servicios de búsqueda de información y expedición de copias simples, certificadas y certificaciones de documentos… Los diputados, señala la Corte, fueron incapaces de justificar “de manera objetiva y razonable el costo de los materiales utilizados para su reproducción, lo cual violó el principio de gratuidad que rige en el derecho de acceso a la información”, el palo de la SCJN finalizar con un exhorto al Congreso para que “se abstenga de emitir normas que presenten los mismos vicios de inconstitucionalidad”. Mientras tanto, en Aguascalientes, los diputados son incapaces de nombrar a un secretario general y no tienen para cuándo.
@aldan
