En medio de un intenso debate sobre la reciente reforma constitucional que transfiere el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), el diputado federal Paulo Martínez, del Partido Acción Nacional (PAN), manifestó su rechazo a esta medida y señaló los riesgos de la militarización de la seguridad pública en México.
Martínez subrayó que esta reforma, impulsada por el gobierno federal, elimina las características civiles de la Guardia Nacional al someterla completamente al mando militar: “Se le quitan todos los recursos humanos, económicos y operativos a la Guardia Nacional, y ahora tiene un carácter completamente militar”, afirmó el legislador. Según Martínez, esto implica que el país estará militarizado, dejando a las policías municipales y estatales sin los recursos necesarios para combatir el crimen en sus respectivas áreas.
El diputado reconoció que el ejército desempeña un papel crucial en la defensa nacional, pero advirtió que no es adecuado que las funciones de seguridad pública recaigan completamente en una institución militar: “Necesitamos una policía de carácter civil, con controles administrativos, operativos y de prevención”, argumentó. A su juicio, las tareas preventivas y administrativas deben permanecer bajo un mando civil, mientras que las fuerzas militares deben enfocarse en situaciones que requieren una acción más letal y de defensa nacional.
Uno de los principales argumentos del legislador en contra de esta reforma es el impacto que tendrá en los derechos humanos. Martínez mencionó que informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos han señalado que los países que han militarizado sus fuerzas de seguridad suelen experimentar violaciones a los derechos humanos: “Las detenciones arbitrarias son un problema frecuente en estos casos”, y añadió que la militarización podría generar más inestabilidad en lugar de mejorar la seguridad.
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A pesar del crecimiento en el número de efectivos, Paulo Martínez destacó que la Guardia Nacional no ha sido eficiente en su labor: “Con más de 140 mil elementos, tres veces más grande que la extinta Policía Federal, han tenido menos resultados en términos de sentencias favorables contra delincuentes de alto grado”, acusó.
El legislador puso énfasis en la falta de patrullaje efectivo en diversas zonas del país, lo que ha permitido que la delincuencia opere impunemente, como se ha evidenciado en los recientes episodios de violencia en estados como Sinaloa. En su opinión, la militarización no es la solución para mejorar la seguridad en el país. Para Martínez, el enfoque debe estar en fortalecer tanto a las fuerzas militares como a las policías civiles, para dotarlas de los recursos y la capacitación necesarios para combatir eficazmente a la delincuencia en todos los niveles.
El diputado del PAN también criticó la eliminación de programas como el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN) y el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), que anteriormente proporcionaban recursos a las policías municipales y estatales: “Este gobierno retiró esos apoyos, lo que debilitó a las fuerzas policiales locales”, sostuvo Martínez.
Para mejorar la seguridad en los estados y municipios, especialmente en aquellos como Aguascalientes, donde la percepción de seguridad ha mejorado, pero los índices de robos aún son preocupantes, el PAN propone retomar y fortalecer estos programas de apoyo. Martínez sugirió que, con una policía civil capacitada y con recursos suficientes, sería posible reducir los índices delictivos desde las comunidades y colonias: “Sin control en la seguridad a nivel local, los problemas van a seguir creciendo”, concluyó.
