Definiciones más claras podrían asegurar que se materialicen. Necesario considerar aspectos como un Sistema Nacional de Cuidados
Las iniciativas presentadas por la presidenta Claudia Sheinbaum representan un esfuerzo importante por avanzar hacia la igualdad de género, pero requieren ajustes y definiciones más claras para asegurar que las propuestas se materialicen en mejoras tangibles en las condiciones laborales de las mujeres.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) evaluó las reformas laborales para identificar su posible impacto en las oportunidades para las mujeres en este ámbito.
Claudia Sheinbaum, al asumir el cargo como la primera presidenta de México, presentó un paquete de reformas enfocadas en la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Entre las principales iniciativas, destacadas en su presentación ante el Senado el 9 de octubre, se abordan cuestiones clave como la brecha salarial, la violencia laboral y la participación de las mujeres en puestos de liderazgo; todas con el objetivo de mejorar la competitividad del país y garantizar la igualdad sustantiva en el mercado laboral. No obstante, algunas de estas propuestas ya están contempladas en la legislación vigente, mientras que otras requieren mayor definición para asegurar su correcta implementación.
Entre las propuestas clave, se incluyen los siguientes puntos:
- Brecha salarial de género: La reforma busca definir la brecha salarial e implementar mecanismos para su erradicación. El Congreso tendrá 90 días para incluir estas disposiciones en la legislación secundaria, lo que permitirá un cumplimiento gradual. Sin embargo, la propuesta presenta desafíos en su implementación, ya que la conceptualización de la brecha salarial no ofrece claridad sobre cómo identificar o medir la desigualdad en diferentes sectores laborales. Esto podría complicar la identificación de esta brecha en ciertos ámbitos.
- Participación de las mujeres en puestos de liderazgo: Actualmente, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH) establece que el Estado es responsable de garantizar la igualdad sustantiva en el empleo y evitar la discriminación laboral. La reforma propone incluir la brecha salarial como un factor que impide a las mujeres acceder a puestos directivos. Sin embargo, el IMCO señala que no se especifican los cambios fiscales necesarios para cerrar esta brecha, lo que genera dudas sobre el alcance real de esta propuesta.
- Violencia laboral: La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) ya otorga a la Secretaría del Trabajo la facultad de diseñar políticas para prevenir la violencia laboral contra las mujeres. La reforma propone ampliar estas políticas para incluir la eliminación de la brecha salarial. No obstante, la medida carece de detalles sobre cómo se implementará, generando dudas sobre si los centros de trabajo deberán modificar sus protocolos o si las trabajadoras podrán denunciar formalmente por este motivo.
- Representación política de las mujeres: La reforma constitucional de 2019, conocida como “Paridad en todo”, ya garantiza la paridad de género en las secretarías de Estado a nivel federal y en sus equivalentes a nivel estatal. La nueva propuesta busca extender este principio al ámbito municipal. A pesar de estos avances, el IMCO destaca que la paridad en los gabinetes no resuelve las brechas de género en otros niveles jerárquicos. Las mujeres ocupan el 47% de los puestos de menor jerarquía, pero sólo el 33% en cargos de alto mando, como subsecretarías. Además, las funcionarias enfrentan barreras estructurales, como la violencia y las condiciones laborales excluyentes, que no se abordan en esta reforma.
En general, las iniciativas analizadas buscan fortalecer el marco jurídico para promover la igualdad de género y reducir la brecha salarial. A pesar de enviar una señal positiva sobre el compromiso del gobierno con esta agenda, el IMCO considera que las propuestas carecen de precisión en ciertos aspectos clave, lo que podría limitar su efectividad. Por ello, se sugiere implementar cambios estructurales adicionales para mejorar las condiciones laborales de las mujeres y reducir la desigualdad de género.
Entre las recomendaciones del IMCO para complementar estas reformas, se incluyen las siguientes:
Medir la brecha de ingresos: Las empresas y organismos gubernamentales deben realizar autodiagnósticos periódicos para identificar las causas de la brecha salarial y monitorear su evolución por niveles jerárquicos.
Redistribuir el trabajo de cuidados: Se propone crear un Sistema Nacional de Cuidados que coordine las necesidades de cuidados del país. Este sistema requeriría una inversión pública equivalente al 1.4% del PIB, financiada de manera tripartita entre el Estado, las empresas y los trabajadores.
Flexibilidad laboral: Es fundamental avanzar hacia la flexibilidad en el trabajo, tanto en el sector público como en el privado. Políticas como el trabajo a distancia, la flexibilidad de horarios y programas de reincorporación progresiva después de la maternidad pueden crear un entorno laboral más inclusivo para las mujeres. Estas medidas deben estar enfocadas en resultados y objetivos para garantizar su efectividad.
