En medio de las crecientes protestas en contra de la reforma judicial impulsada por el gobierno federal, trabajadores del Poder Judicial del Estado marcharon del Palacio de Justicia hacia la exedra, para manifestar su inconformidad con la reforma aprobada por legisladores afines a la autodenominada cuarta transformación. Las y los trabajadores aseguran que la reforma es inconstitucional y no dejarán de presionar hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronuncie en contra de dicha reforma, “No vamos a parar hasta apoyar a la Corte”, declararon las y los manifestantes.
Recientemente, se eliminaron aproximadamente 380 plazas de jueces, lo que incluye a magistrados que en su momento dictaron resoluciones incómodas para el gobierno, como las relacionadas con el Tren Maya. Uno de los manifestantes afirmó que los jueces actuaron correctamente al suspender obras que afectaban al medio ambiente: “Es injusto que ahora sean removidos por hacer su trabajo”, enfatizó y, en seguida, calificó como “denigrante” el proceso de elección de jueces y magistrados a través de una tómbola.
La reforma, según los manifestantes, no solo pone en riesgo la independencia del Poder Judicial, sino que amenaza con romper el equilibrio de poderes en México: “No puede haber democracia si los jueces y magistrados son seleccionados por un partido político”, declararon. Para los opositores a la reforma, la idea de que los nuevos jueces sean seleccionados por un proceso político genera la preocupación de que las resoluciones favorezcan a intereses del gobierno y no a los ciudadanos.
Además de la independencia judicial, la carrera judicial también se encuentra en peligro. En este sentido, las y los manifestantes expresaron su preocupación por la posibilidad de que, bajo la nueva reforma, ya no sea necesario pasar exámenes y estudiar para llegar a ser juez o magistrado: “Ahora resulta que necesito hacer política para que voten por mí”, afirmó uno de los trabajadores del Poder Judicial.
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Finalmente, las y los manifestantes se refirieron a la sobrecarga de trabajo que enfrentan los tribunales y criticaron la falta de información sobre la diferencia entre justicia federal y local, señalando que esto es consecuencia de un sistema educativo deficiente; sin embargo, mantienen la esperanza de que la SCJN resuelva que la reforma es inconstitucional, lo que revertiría los cambios y restauraría el orden judicial.
