- La reforma eliminaría el amparo y recursos de inconstitucionalidad, además de limitar las herramientas de defensa ciudadana y política.
- La propuesta incluye restar facultades a la Suprema Corte, al impedir que revierta decisiones del Legislativo.
- El PAN ha planteado controversias contra la reforma, denunciando falta de análisis jurídico y posibles efectos retroactivos.
Paulo Martínez, diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN), expresó su preocupación sobre la reforma de Supremacía Constitucional que, de aprobarse, eliminaría herramientas clave de defensa en México, incluida la figura del amparo y las acciones de inconstitucionalidad. Esta reforma, que afecta los artículos 103, 105 y 107 de la Carta Magna, fue presentada inicialmente en el Senado y se encuentra ahora bajo discusión en la Cámara de Diputados.
Martínez explicó que uno de los principales objetivos de la reforma es restringir las oportunidades de defensa jurídica tanto para organismos políticos como para ciudadanos: “Esta reforma va en dirección a desaparecer completamente la ley de amparo, así como las acciones de inconstitucionalidad y los recursos necesarios para que los ciudadanos puedan defenderse en este país”, e ilustró esta situación con una analogía contundente, comparando la eliminación de estas herramientas legales con escenas de la película La ley de Herodes, donde el protagonista le arranca hojas a la Constitución en un claro acto de imposición.
Además de limitar las facultades de la ciudadanía para presentar recursos de amparo, la reforma también afectaría el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Según Martínez, esta propuesta busca restarle facultades a la Corte para revertir o detener reformas impulsadas por el Legislativo: “La Corte tiene actualmente la facultad de echar atrás reformas que considere inconstitucionales; sin embargo, con esta propuesta, se busca que pierda esa capacidad, permitiendo que el Legislativo avance sin contrapesos”, comentó el diputado.
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Esta situación ha generado temor entre sectores de la sociedad, quienes se preguntan si podrían verse afectados otros derechos fundamentales, como la propiedad privada y las garantías que protegen a los ciudadanos ante posibles abusos. Martínez reconoce el temor de ciudadanos y empresarios, aunque puntualizó que, hasta el momento, los riesgos en cuanto a invasión de propiedad privada están limitados a la Constitución de la Ciudad de México: “No obstante, no descartaría que Morena intente promover algo similar a nivel nacional”, advirtió.
A pesar de la oposición y las preocupaciones expresadas por el PAN y otros grupos, la reforma sigue avanzando con rapidez en el proceso legislativo. Martínez se mostró crítico ante la celeridad con la que se aprueban este tipo de cambios, que, según su experiencia, suelen realizarse sin un análisis jurídico exhaustivo. El diputado señaló que estas reformas suelen pasar sin una evaluación profunda, lo que lleva a contradicciones legales y deficiencias en su implementación.
En respuesta, el PAN ha presentado argumentos que cuestionan tanto el procedimiento legislativo como el fondo de la reforma, exigiendo que la Suprema Corte se pronuncie sobre estos puntos. Sin embargo, la fuerza de oposición ha resultado insuficiente para detener el avance de la reforma, lo que genera incertidumbre en torno al futuro de la defensa jurídica y el rol de la Suprema Corte en el sistema judicial mexicano.
Con la minuta ya en la Cámara de Diputados, se espera que la Comisión de Puntos Constitucionales discuta el tema en breve. Martínez reiteró la disposición de su grupo parlamentario para continuar el análisis y buscar frenar una reforma que, en su opinión, podría llevar al país hacia un autoritarismo sin contrapesos.
