- En septiembre de 2022, TV Azteca obtuvo una medida cautelar en México “mediante el cual el juez Miguel Ángel Robles Villegas, titular del Juzgado 63 Civil de la Ciudad de México autorizaba a la televisora no pagar su deuda y prohibía a sus acreedores iniciar un procedimiento legal”
El reclamo de inversionistas estadounidenses vía paneles de arbitraje contra el gobierno mexicano por la negativa de Ricardo Salinas Pliego para pagar sus adeudos, es por la responsabilidad del Poder Judicial en México, consideró la presidenta Claudia Sheinbaum. “Es una demanda, en realidad al Estado Mexicano, pero por responsabilidad del poder judicial de acuerdo a la demanda”, de acuerdo a lo que circuló en las últimas horas, dijo la mandataria.
En la edición de octubre, Proceso publicó: “Desde hace dos años TV Azteca litiga para postergar el pago de una deuda cercana a los 490 millones de dólares que le reclama un grupo de inversionistas, en un caso que llegó hasta un panel de arbitraje internacional y amaga con obligar al gobierno mexicano a desembolsar 219 millones 50 mil dólares del erario para pagar a los prestamistas”.
En septiembre de 2022, TV Azteca obtuvo una medida cautelar en México “mediante el cual el juez Miguel Ángel Robles Villegas, titular del Juzgado 63 Civil de la Ciudad de México autorizaba a la televisora no pagar su deuda y prohibía a sus acreedores iniciar un procedimiento legal hasta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declare fin de la pandemia”, esto debido a que desde el 9 de febrero la empresa dejó de pagar un crédito que obtuvo, bajo el argumento de que la pandemia de covid-19 afectó sus ingresos.
Este miércoles la presidenta pidió esperar a que la Secretaría de Economía para hablar del tema, aunque en junio pasado, de acuerdo a la investigación de Proceso, esta misma dependencia federal trató de demeritar las acusaciones de los prestamistas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Cadi), ante el que pidió desechar el procedimiento.
Primero porque, indicó la SE, los demandantes no cumplieron los plazos legales, no califican como inversionistas bajo los términos del TLCAN, además de que algunos demandantes compraron las deudas después de la resolución judicial controvertida, es decir, después del acto reclamado. También dijo que “cualquier controversia que surgiera en torno a este debía ser resuelta por los tribunales de Estados Unidos”.
Este miércoles, la jefa del Ejecutivo Federal indicó que “es una demanda de empresarios de Estados Unidos donde el Poder Judicial en México le da la razón a esta persona para que no pague lo que debe en Estados Unidos. Es una demanda, en realidad, al Estado Mexicano, pero por responsabilidad del Poder Judicial de acuerdo a la demanda”.
