Jorge Armando García Betancourt, comisionado presidente del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA), explicó la importancia de los organismos encargados de garantizar el acceso a la información pública y la protección de datos personales. Según García Betancourt, la transparencia es un pilar fundamental para generar contrapesos a los gobiernos y asegurar que los ciudadanos tengan herramientas para vigilar el uso de los recursos públicos.
“Los institutos de transparencia son cruciales porque permiten que la ciudadanía ejerza ciertos derechos y, con ello, crear esos contrapesos frente a los gobiernos. Además, garantizan la apertura de información pública y la protección de datos personales, como lo establece el artículo 6º constitucional”, señaló el comisionado; sin embargo, aclaró que su trabajo se limita a los sujetos obligados, es decir, instituciones públicas, y no abarca el sector privado: “No intervenimos en temas relacionados con bancos o funerarias, aunque orientamos a las personas hacia el INAI, la autoridad competente en estos casos”, puntualizó.
El acceso a la información pública permite a los ciudadanos participar de manera activa en la toma de decisiones y exigir a las autoridades mayor eficiencia en la prestación de servicios: “La ciudadanía tiene derecho a saber en qué se están gastando los recursos públicos. Ese es uno de los objetivos fundamentales de la transparencia”, subrayó García Betancourt.
La evolución de la transparencia en Aguascalientes
El comisionado del ITEA recordó que, en el pasado, no existía un acceso libre a la información gubernamental. Los ciudadanos no podían consultar contratos, procesos o proyectos de obra pública, ya que esos documentos estaban reservados; no obstante, con el paso de los años y las reformas legales, el acceso a la información se ha vuelto un derecho de todos los mexicanos.
García Betancourt destacó que en Aguascalientes, la transparencia ha tenido una evolución significativa, pues hace 18 años, se creó el Instituto de Transparencia del Estado, un órgano pionero en el país: “En aquel entonces, el sistema era muy básico. Contábamos con una plataforma llamada CISAI, operada por la Contraloría del Estado, que solo permitía realizar solicitudes de información. No existía un sistema para presentar recursos de revisión ni para gestionar las obligaciones de transparencia que hoy son obligatorias”, explicó.
Con el tiempo, el ITEA ha crecido y se ha fortalecido. Hoy, la ciudadanía puede acceder a la información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, una herramienta que facilita la interacción con los gobiernos: “Es un sistema muy sencillo. Solo necesitas un usuario y contraseña para acceder a los cuatro módulos de la plataforma, incluido el que permite hacer solicitudes de información”, señaló García Betancourt. Para quienes no tienen acceso a internet o no saben cómo utilizar las herramientas digitales, el Instituto ofrece un Centro de Atención a la Sociedad, donde se les asesora en persona.
Transparencia: un arma contra la corrupción
Uno de los beneficios más importantes de la transparencia es su capacidad para combatir la corrupción: “La transparencia genera mejores gobiernos porque obliga a las autoridades a rendir cuentas y permite a los ciudadanos vigilar en qué se gastan sus impuestos”, enfatizó García Betancourt. Antes, si una persona quería conocer detalles sobre un contrato de obra pública, no tenía manera de hacerlo. Ahora, esa información está disponible para todos, y el Instituto de Transparencia garantiza que sea entregada de manera oportuna.
El comisionado del ITEA también explicó que el acceso a la información no solo mejora los gobiernos, sino que fomenta la participación ciudadana: “Cuando la gente se involucra más en la toma de decisiones y sabe en qué se están aplicando los recursos, puede exigir mejores resultados. Es un ciclo positivo que beneficia tanto a los ciudadanos como a las autoridades”, comentó.
Recursos de revisión: acceso fácil y gratuito
García Betancourt también hizo hincapié en la facilidad con la que los ciudadanos pueden interponer un recurso de revisión si consideran que la información solicitada no fue entregada de manera adecuada: “El recurso de revisión es gratuito y no requiere la intervención de un abogado. Si no estás de acuerdo con la respuesta que te dieron, solo debes manifestarlo en el sistema, y el Instituto de Transparencia revisará el caso”, explicó.
Sin embargo, el comisionado del ITEA advirtió sobre un posible cambio que podría afectar este derecho: “Estamos trabajando para que no se elimine la gratuidad de los recursos de revisión. La propuesta de centralizar el tratamiento de la información en los gobiernos es preocupante, ya que podrían convertirse en juez y parte”, alertó García Betancourt.
La posible desaparición del INAI y los órganos de transparencia locales
En seguida, García Betancourt se refirió al impacto que tendría la reforma que pretende desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), así como las implicaciones para los organismos locales.
Al respecto, destacó la apertura que ha mostrado la Secretaría de Gobernación al recibir a los comisionados nacionales para dialogar sobre la reforma. Sin embargo, poco después de esta reunión, el gobierno federal anunció la creación de una nueva Secretaría Anticorrupción que absorbería al INAI y a la Secretaría de la Función Pública. Este anuncio, aunque aún no es definitivo, deja a los órganos locales de transparencia en una situación incierta: “La reforma todavía está pendiente, pero ya se habla de la desaparición del INAI y de los órganos locales. En el caso de los órganos locales, las funciones pasarán a las contralorías de los gobiernos estatales y a los órganos internos de control de los poderes Legislativo y Judicial,” explicó García Betancourt.
Uno de los principales riesgos que señala el comisionado del ITEA es el regreso a un sistema en el que el propio gobierno se convertiría en juez y parte en el acceso a la información. Esto implica que los mismos organismos que generan y resguardan la información pública serán quienes decidan qué información se entrega a los ciudadanos, lo cual podría socavar la transparencia y la rendición de cuentas: “Estamos regresando a ser juez y parte,” advirtió. “si se centralizan estas funciones, los ciudadanos perderían una instancia imparcial para revisar si se garantiza o no el acceso a la información”.
La desaparición de los institutos de transparencia locales
De acuerdo con la reforma constitucional, los institutos locales de transparencia desaparecerían junto con los cargos de los comisionados. Aunque el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales se mantendrán en la Constitución, la eliminación de los órganos que regulan estos derechos plantea serias interrogantes sobre quién garantizará su cumplimiento.
“Cuando se expida la ley general de transparencia, los órganos locales desaparecerán,” confirmó García Betancourt. Además, expresó su preocupación por el futuro laboral de los empleados de estos institutos, muchos de los cuales llevan más de 15 años en la institución. Asimismo, enfatizó que, aunque el derecho a la información seguirá existiendo en la Constitución, el verdadero problema radica en quién lo regulará: “El derecho como tal no desaparece, pero los órganos que lo regulan, sí”, y precisó que esta centralización podría debilitar los contrapesos democráticos que los institutos de transparencia han representado en los últimos años.
“Estamos en un riesgo inminente de retroceso”, alertó para luego hacer un llamado a los legisladores a estudiar con profundidad las implicaciones de la reforma, y a que cualquier cambio busque mejorar el sistema, no debilitarlo.
El futuro incierto de la transparencia en México
Con la reforma al Poder Judicial también en proceso, García Betancourt expresó su temor de que los derechos de transparencia y acceso a la información queden vulnerables. La posibilidad de que el gobierno controle totalmente estos mecanismos sin una revisión imparcial representa, según el comisionado, un riesgo para la democracia y la rendición de cuentas.
Finalmente, instó a los legisladores a reconsiderar los términos de la reforma y a garantizar que cualquier cambio se realice pensando en el fortalecimiento de los derechos de los ciudadanos. “Debemos evitar caer en un retroceso que afecte la participación ciudadana y la vigilancia de los recursos públicos”, concluyó.
