- Este fenómeno ocurre cuando un grupo de personas se ve obligado a abandonar sus hogares debido principalmente a factores de violencia
La falta de voluntad política, la estigmatización de las personas desplazadas y la carencia de datos confiables sobre el fenómeno, han contribuido a que las autoridades no cuenten con herramientas adecuadas para abordar la crisis
Edgar Guerra, sociólogo, investigador por México del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT), y profesor adscrito al Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, explicó cómo el desplazamiento forzado, originado principalmente por la violencia, ha dejado cicatrices profundas en las comunidades mexicanas.
El desplazamiento forzado, como señala Guerra, ocurre cuando un grupo de personas se ve obligado a abandonar sus hogares debido principalmente a factores de violencia. Sin embargo, también existen otras causas como los conflictos intercomunitarios y, en algunas zonas, tensiones religiosas.
El doctor apuntó que, aunque puede parecer un fenómeno reciente, el desplazamiento ha sido una constante en diversas regiones de México. Desde los años 60 y 70, durante las guerrillas rurales, hasta los episodios posteriores al levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, el desplazamiento ha marcado las realidades de comunidades enteras. No obstante, es en las dos últimas décadas, con la intensificación de “la guerra contra el narcotráfico”, cuando este fenómeno se ha disparado.
Guerra señaló que la violencia en regiones como Tamaulipas, Guerrero y Sinaloa, ha obligado no solo a familias o grupos humanos pequeños a huir de sus hogares, sino también a comunidades enteras. Hoy día, Chiapas se ha convertido en una de las principales áreas de crisis en términos de desplazamiento forzado, debido a la intensificación de la lucha entre grupos criminales por el control del territorio.
El investigador enfatizó en que el desplazamiento forzado no siempre es visible. “No siempre vemos caravanas de personas en las carreteras. Hay desplazamientos silenciosos, familias que abandonan sus hogares en la oscuridad de la noche”, comentó. En muchos casos, el desplazamiento es gradual, casi invisible, con comunidades enteras desmoronándose poco a poco.
En ese sentido, mencionó que actualmente existen marcos legales a nivel internacional para proteger a las víctimas de desplazamiento forzado, sin embargo, a nivel nacional aún están en construcción. No obstante, comentó que la falta de voluntad política, la estigmatización de las personas desplazadas y la carencia de datos confiables sobre el fenómeno han contribuido a que las autoridades no cuenten con herramientas adecuadas para abordar la crisis.
Aunado a ello, explicó que uno de los mayores problemas es la falta de un registro fiable sobre el número de personas desplazadas, lo que dificulta la creación de políticas efectivas de prevención, contención y reparación. Además, “sin datos claros, sin voluntad política y sin una estrategia integral, es muy difícil enfrentar este fenómeno de manera efectiva”, agregó el investigador.
Edgar Guerra destacó que las personas desplazadas no solo pierden sus hogares, sino que enfrentan otro tipo de violencias mientras están en tránsito. Mujeres, niñas y jóvenes enfrentan riesgos adicionales durante su huida, siendo vulnerables a la violencia sexual, la trata de personas y el reclutamiento forzado por parte de grupos criminales.
Asimismo, el sociólogo afirmó que “las comunidades desplazadas, al ser despojadas de sus hogares, enfrentan un proceso de desintegración social que es muy difícil de reparar”. Las víctimas no solo se enfrentan a la pérdida de sus bienes materiales, sino que deben lidiar con la pérdida de su identidad y cohesión social.
Finalmente, el investigador propone que se tome en cuenta un enfoque integral que no solo aborde las causas inmediatas de la violencia, sino que también apunte a reconstruir la cohesión social de las comunidades desplazadas, garantizar la justicia para las víctimas y, sobre todo, reforzar la voluntad política para prevenir este fenómeno antes de que cause más daño.
