- El Poder Judicial cerrará el año con más de 50,000 asuntos, un aumento del 5% respecto al año pasado
- Se implementó una reestructura significativa, que incluye la creación de una oficialía de partes para descentralizar servicios
- El Tribunal se prepara para la transición hacia un sistema de justicia oral, con miras a la obligatoriedad de su implementación a nivel nacional en 2027
Juan Rojas García, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes, compartió un balance sobre los avances y desafíos que enfrenta el Poder Judicial en un año marcado por un aumento en la carga de trabajo y la implementación de reformas importantes. Destacó que, a lo largo del 2024, la demanda de servicios judiciales ha crecido aproximadamente un 5% respecto al año anterior, con una carga particularmente elevada en los juzgados familiares y mercantiles. En este contexto, señaló que el Poder Judicial continúa avanzando, pese a los retos estructurales que enfrenta.
“Vamos a cerrar el año con más de 50,000 asuntos atendidos, lo que implica una carga terrible para los juzgados. Un juzgado tradicional debe atender alrededor de 200 acuerdos diarios, lo que representa una sobrecarga, especialmente en los juzgados familiares”, explicó el magistrado; sin embargo, destacó que la implementación de reformas y nuevas estructuras organizativas ha permitido mejorar la eficiencia en algunas áreas. Entre los cambios más relevantes, mencionó la reestructuración de los juzgados familiares, que ha permitido mejorar la operatividad y facilitar los trámites para abogados y usuarios.
Uno de los avances más importantes es la creación de una oficialía de partes, que ha permitido descentralizar servicios, evitando que los usuarios tengan que desplazarse hasta el Palacio de Justicia de la capital. También resaltó el éxito del registro de deudores morosos, un proyecto pionero a nivel nacional, que ya está en operación y ha sido bien recibido por la comunidad.
Rojas García enfatizó la transformación del sistema judicial hacia la oralidad, como una de las principales prioridades para el próximo año: “La oralidad es el futuro de la justicia. Implica no solo la modificación de las instalaciones, sino también la capacitación de personal especializado y la preparación de abogados y abogadas”, comentó. Esta transformación, que incluye la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, deberá entrar en vigor a nivel nacional en 2027, y para ello se requiere una inversión significativa en infraestructura y formación.
El presidente del Tribunal también señaló la importancia de que los legisladores sean sensibles a la necesidad de recursos adicionales para llevar a cabo esta transición. Aunque el presupuesto del Poder Judicial se encuentra establecido en un 2.3% del presupuesto estatal, Rojas García indicó que aún es necesario un incremento adicional para enfrentar los retos que trae consigo la implementación de la oralidad.
“La principal necesidad para el próximo año es transformar los juzgados familiares y civiles a la oralidad. Este es un cambio profundo que requiere tiempo, inversión y la voluntad de todos los actores involucrados”, concluyó Rojas García.
