- Erick Romaní Vázquez, pareja de Samantha Fierro, acompañado por Mariana Ávila Montejano, presidenta del Observatorio de Violencia Social y de Género, denunció graves irregularidades en el manejo de la Fiscalía Especializada en Materia de Tortura, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.
Romaní afirmó que esta institución, lejos de buscar justicia, está enfocada en cumplir requisitos mediáticos y federales, maquillando cifras y perpetuando la impunidad. “El fiscal culpa a las víctimas de tortura por la falta de avances en las investigaciones, lo cual es indignante y ofensivo. Este tipo de declaraciones desvía la atención de la verdadera responsabilidad y perpetúa la falta de justicia”, señaló.
El caso de Samantha Fierro y Erick Romaní incluye denuncias por desaparición forzada, tortura y abuso sexual, en particular contra un agente identificado como Mario Arturo N. Según Romaní, esta carpeta de investigación (11211/05-20) lleva más de cuatro años sin resolverse, a pesar de contar con elementos clave como el tiempo, lugar y la identificación del agresor.
Los Protocolos de Estambul, aplicados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Dirección de Periciales de la Fiscalía, arrojaron resultados positivos en los casos de Erick y de Víctor Hugo, padre de Samantha, confirmando la tortura. Sin embargo, el protocolo aplicado a Samantha, quien fue víctima directa de tortura sexual por elementos de la policía ministerial, fue cancelado unilateralmente por la Fiscalía, sin notificar a la víctima ni a sus abogados.
Mariana Ávila Montejano señaló que la discrepancia en los resultados evidencia violencia institucional. “Que los protocolos aplicados a los dos hombres en el mismo lugar y con los mismos hechos dieran positivo, mientras que el de Samantha, quien fue víctima directa de tortura sexual, resultara negativo, refleja una profunda misoginia y violencia contra las mujeres en estas instituciones. No es una sorpresa: diferentes organizaciones a nivel nacional señalan que el 70% de las mujeres detenidas han sido víctimas de tortura sexual por agentes del Estado, y de estas, menos del 20% llegan a una carpeta de investigación”, explicó.
Ávila agregó que distintas instituciones decidieron no realizar el protocolo de Estambul en el caso de Samantha, ignorando la violencia ejercida contra ella, mientras que los resultados positivos en los casos de los dos varones sí tendrán implicaciones en la investigación. “Esto deja en evidencia cómo se revictimiza a las mujeres y se minimiza la violencia de género en las instituciones encargadas de procurar justicia”, concluyó.
Además de la tortura, Romaní denunció que la Fiscalía no ha investigado los delitos de desaparición forzada y abuso sexual cometidos contra Samantha. “Es inaceptable que Mario Arturo, quien torturó y abusó sexualmente de Samantha, siga laborando en la Fiscalía, armado y con poder para violentar a otras mujeres detenidas. Esto es un ejemplo claro de impunidad y protección institucional”, afirmó.
Romaní también señaló que hay múltiples denuncias contra Mario Arturo por tortura, abuso y otros delitos, pero el agente continúa en funciones. Comparó esta inacción con el protocolo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, que suspende inmediatamente a cualquier funcionario bajo investigación.
Tanto Romaní como Ávila exigieron que el Fiscal General permita el avance de las investigaciones y deje de encubrir a los agentes involucrados. “Estamos exigiendo justicia para Samantha, quien está privada de su libertad de manera arbitraria, y para todas las víctimas de tortura y abuso en Aguascalientes. No podemos permitir que la procuración de justicia sea selectiva y discriminatoria”, enfatizaron.
Ávila calificó el manejo de la Fiscalía como una simulación peligrosa que perpetúa la violencia institucional. “Este caso no es aislado; refleja un sistema que desampara a las víctimas y protege a los agresores. Es crucial que se tomen medidas inmediatas para garantizar justicia real y efectiva”, concluyó.
