Ahora el Instituto de Transparencia se va a convertir en juez y parte del acceso a la información y protección de datos
En el caso de las plataformas que se tienen, de acuerdo al dictamen, se van a concentrar con el INEGI
El comisionado presidente del Instituto de Transparencia del Estado, Jorge Armando García Betancourt, dio conocer que cerraron el año con casi 700 recursos, sin embargo, dijo que ahorita lo que más les ocupa es el tema de la reforma sobre los cambios, ante la propuesta de desaparición de los órganos autónomos, donde han tenido varios acercamientos con distintas autoridades para hacer la transición.
Lamentó que ahora el Instituto de Transparencia se vaya a convertir en juez y parte del acceso a la información y protección de datos, por lo que se está proponiendo una Sala Especializada en el tema, a fin de evitar tal situación.
Señaló que se han sostenido dos reuniones con la diputada presidenta de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, Daniela López, y demás legisladores a efecto de trazar la línea que sigue con el tema de la reforma, donde aún no se pública en el Diario Oficial el dictamen, en el cual ya vienen los términos a seguir en el tema de la reforma constitucional.
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“Sabemos que el proceso legislativo para que se dé el tema de la reforma ya se cumplió, porque fueron 17 estados lo que requerían y tengo un corte de que ya 22 estados lo tienen aprobado”, indicó.
Señaló que a nivel federal se está afinando el tema de las leyes secundarias, pues, dijo, no se ve otra razón por la cual se está dilatando el tema de la publicación.
Mencionó que el artículo 116 constitucional, que fue al que le movieron, menciona a literalidad que van a centralizar a estos organismos a los órganos internos de control, por lo que viene una situación en que autoridades se van a convertir en juez y parte.
Dijo que en el caso de la Plataforma Nacional de Transparencia esta va a perder su función, pues los temas se van a tener que solicitar ante ellos mismos, por lo que no le están dando autonomía técnica, sino que se lo están dando a la contraloría, “entonces, se lo darán a un organismo auxiliar a efecto de que tengan que administrar esos derechos”.
Añadió que, a partir de ahora, como va a ser un instituto centralizado, ya sería el Poder Legislativo quien decida el tema de a quién van a nombrar como titular en el nuevo organismo.
Sin embargo, recalcó que se está proponiendo la creación de una Sala Especializada dentro del Tribunal de Justicia Administrativa, para que el ciudadano pueda presentar las quejas.
Señaló que, en el caso de las plataformas que se tienen, de acuerdo al dictamen, se van a concentrar con el INEGI, pero “el INEGI no es especialista en el tema de la Plataforma Nacional, por lo que viene un vacío y se espera que en la ley secundaria se vaya a especificar qué se puede hacer con la plataforma, porque solicité al presidente del INAI que me dé información de todo el estado, con miras a construir una plataforma estatal y que se cuente con la información y que puedan acceder a esta”.
Comentó que esa información es un bien público, porque se va enriqueciendo con los ejercicios de los gobiernos, pero “habrá que esperar qué dicen las leyes secundarias, donde al momento que se haga la armonización y la entrada en vigor de la ley local desaparecerán los comisionados”.
En cuanto a la propuesta de formar una Sala, señaló que las y los legisladores habrán de analizarla, pues la idea es juntarla con la Unidad Anticorrupción y hacer esa Sala Anticorrupción, para la protección de datos personales y acceso a la información.
