- El PRI enfrenta dificultades financieras que podrían llevar al cambio de su histórica sede en 2025
- La fiscalía electoral investiga irregularidades relacionadas con la tenencia del edificio desde 2019
- Las prerrogativas del partido han disminuido significativamente, complicando el pago de renta e impuestos
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) podría cambiar de sede en 2025, según rumores surgidos a inicios de este mes. En el Comité Directivo Estatal (CDE) se percibe cierta inquietud ante esta posibilidad, ya que el edificio de López Mateos ha sido la sede priísta durante años y un símbolo de sus mayores logros.
“El tema del edificio proviene de problemas heredados desde 2015 y 2016. En esta dirigencia nos hemos enfocado en resolverlos. Gracias a un litigio que duró varios años, logramos en esta gestión crear un fideicomiso, regularizando el inmueble en febrero de este año”, declaró Kendor Macías Martínez, presidente estatal del PRI, durante una rueda de prensa para abordar el tema.
Explicó que se estableció una renta que comenzó a pagarse a través de una asociación civil. Desde el inicio de su dirigencia, buscó regularizar y aclarar la situación del inmueble mediante este fideicomiso. Sin embargo, reconoció que en 2019 una omisión mínima llevó al Instituto Nacional Electoral (INE) a emitir observaciones hacia la fiscalía: “Esto se está resolviendo, no pasa a mayores. El edificio sigue siendo la casa del PRI”, aseguró.
Macías Martínez admitió que el pago de la renta ha sido complicado debido a la reducción de prerrogativas, que se ha visto afectada por la creación de tres nuevos partidos políticos: “Estamos enfrentando dificultades, pero tendremos mayor representación en los municipios. Además, contamos con cuotas partidistas, estatutarias y legales. Aun así, las prerrogativas se reducirán aún más el próximo año”, señaló.
El presidente estatal indicó que el INE les otorga 800 mil pesos mensuales, pero con descuentos que van del 25% al 50%: “Parece que, a partir del próximo año, la reducción será mayor”, añadió.
Por su parte, el fiscal electoral Daniel Gutiérrez Ruvalcaba confirmó la existencia de una carpeta de investigación correspondiente al ejercicio fiscal 2019 del PRI. Esta es similar a la del 2018 y está relacionada con la tenencia del inmueble.
Comentó que hasta hace unos meses el partido no había cumplido con el pago del predial, aunque desconocía si se habían puesto al corriente con los impuestos y la renta para diciembre: “Ellos deben informar a gobierno del estado, que a su vez debería tomar medidas. Nosotros no somos competentes para dar seguimiento a ese tema”, aclaró.
Agregó que la fiscalía electoral sí tiene competencia en la investigación de la carpeta de 2019, vinculada a la tenencia indebida del edificio: “En 2018 se regularizó la tenencia del inmueble, lo que obligó al partido a pagar una contraprestación, ya que no sería justo para los demás partidos políticos que sí pagan renta o hipotecas”, explicó Gutiérrez Ruvalcaba.
Señaló que, como parte del litigio, el PRI se comprometió a pagar una renta. Cubrieron el monto de 2018 en una sola exhibición y acordaron realizar pagos regulares desde entonces. Sin embargo, la fiscalía desconoce si estos pagos se han realizado.
En cuanto a la carpeta de 2019, Gutiérrez Ruvalcaba indicó que el PRI omitió presentar las comprobaciones relacionadas con la tenencia del edificio ese año. Se espera que a inicios de 2025 se determine la situación y se identifiquen posibles responsables: “Es probable que se revisen también los ejercicios de 2020 a 2024. Actuaremos conforme a las determinaciones del INE”, concluyó.
