Este miércoles 11 de diciembre, la Cámara de Senadores aprobó una reforma constitucional que prohíbe la producción, venta y uso de vapeadores, cigarrillos electrónicos y otras sustancias tóxicas como el fentanilo. Con 110 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones, los senadores aprobaron la iniciativa que forma parte del paquete prioritario en materia de salud del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Te contamos más sobre esta reforma y sus consecuencias.
Sesión de la Cámara de Senadores, del 11 de diciembre de 2024 https://t.co/wwRVC2hweD
— Senado de México (@senadomexicano) December 11, 2024
Con la llegada de los vapeadores a México, su popularidad creció rápidamente, convirtiéndose en una alternativa al cigarro convencional. De acuerdo a la Cofepris, al menos 5.02 millones de personas entre 12 y 65 años han usado alguna vez un vapeador y un aproximado de 975 mil lo utilizan. Sin embargo, al no tener autorización sanitaria por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ni reconocimiento de la Secretaría de Salud como un producto de riesgo reducido o como una alternativa viable para dejar de fumar, se decidieron por tomar medidas drásticas al respecto. En el mismo estudio presentado por la Cofrepis, también se menciona que la venta de este producto está principalmente dirigido a adolescentes, por lo que lo que realmente preocupa es la combinación de sustancias con las bebidas que compran, adquieren o realizan de forma casera, lo cual a la larga puede ocasionarles efectos nocivos graves a su salud.
Los legisladores de Morena, PT y del Verde aseguraron que con la implementación de esta reforma que prohíbe de manera total los vapeadores, se evitará que los niños y adolescentes tengan enfermedades pulmonares y cardiovasculares.
Sin embargo, la prohibición nunca ha funcionado
Los intentos por prohibir esta práctica han estado presentes desde 2020, pues el gobierno mexicano quiso prohibirlos con una ley federal, pero la iniciativa se vio detenida un año después ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional este tipo de reformas, ya que violan la libertad de comercio y el desarrollo de la libre personalidad de la ciudadanía.
A partir de esto, el acceso para el consumo del vape se vio afectado, ya que las empresas dedicadas a este comercio tuvieron que aumentar el costo de los productos para cumplir con ciertos requisitos. Tales como: ofrecer productos con ingredientes de alta calidad, supervisiones sanitarias, un incremento en los impuestos y el desarrollo de más campañas de difusión para prohibir la venta a menores de edad. No solo las empresas legales comenzaron a enfrentar problemas, muchos de los usuarios se han enfrentado a productos de mala calidad que no están certificados pero que son más accesibles, debido a que este negocio pueda haber caído a manos del crimen organizado, además de estar ligado con el mercado negro.
A pesar de la implementación de políticas públicas para el control del vape, la demanda sigue aumentando, así como hemos visto que ha sucedido con el consumo de tabaco, en donde actualmente hay 17 millones de fumadores adultos y cerca de 1 millón de adolescentes, el cual es mucho más dañino que el consumo de vapeadores.
La prohibición del vapeo no va a solucionar los riesgos de salud, ni la entrada del crimen organizado a este negocio, ni mucho menos va a representar una mejora en la salud pública.
Entonces, ¿cómo se puede contrarrestar este problema?
Más que prohibir, hay que regular. Y más allá de regular, hay que verificar que se cumpla con la regulación. En los últimos años hemos visto que diversos países se enfrentan al mismo problema con el mismo objetivo: combatir el tabaquismo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) menciona que el 85% de los países desarrollados tienen iniciativas para limitar y regular el uso de vapeadores y productos semejantes, y hasta más de 60 países en el mundo, -como Nueva Zelanda, Estados Unidos, Suecia, Japón, Australia, etc- han modificado sus leyes y se ha visto reflejado una reducción del consumo del vape. También es una evidencia de que el prohibicionismo no es la medida adecuada para reducir el consumo de sustancias, así como se ha visto con la marihuana.
Entonces, ¿por qué las autoridades se niegan a ver las evidencias de otros países y optan por tomar medidas drásticas? Esta postura no solo limita la posibilidad de abordar dicha problemática con una perspectiva más eficaz, sino que conduce a resultados que pueden ser contraproducentes. Habrá que estar al pendiente de cómo se aplicará esta nueva iniciativa y cuáles serán los mecanismos para enfrentarse a las problemáticas que podrían derivarse de ella.
