- En Aguascalientes, solo ocho anexos están adscritos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y cuentan con credenciales en orden, según informó Mariana Ávila Montejano, presidenta del Observatorio de Violencia Social y de Género. Sin embargo, existen más de 300 anexos en el estado, muchos de los cuales operan en condiciones irregulares y precarias, lo que los convierte en centros de privación ilegal de la libertad y, en algunos casos, de tortura.
“En cualquier colonia encontramos anexos instalados en casas de 60 metros cuadrados con hasta 100 personas hacinadas”, explicó Ávila. Recordó un caso ocurrido hace cuatro años, donde una mujer fue internada en uno de estos centros sin antecedentes de consumo problemático ni crisis, simplemente por decisión de terceros ajenos a su familia.
Ávila señaló que los anexos irregulares no solo funcionan como espacios de reclusión forzada, sino que también están relacionados con desapariciones. Relató un caso reciente de un joven menor de edad de San Luis Potosí, quien desapareció tras ser llevado a uno de estos centros sin informar a sus familiares.
Además, recordó un caso en Rincón de Romos donde jóvenes desaparecidos en anexos fueron hallados en fosas clandestinas en Zacatecas. “Estos espacios, al no estar regularizados, tejen una red muy compleja de violencias”, afirmó.
En visitas recientes a anexos de Aguascalientes, brigadas del Observatorio encontraron personas no registradas, en condiciones insalubres y hacinadas, sin acceso a atención integral. “No hay evidencia de que en estos lugares se realice una verdadera reeducación o atención al consumo problemático de sustancias”, lamentó.
La falta de regulación y supervisión de estos centros responde, según Ávila, a un abandono institucional. “Las personas recurren a estos lugares porque no hay una alternativa pública que ofrezca atención integral para la salud mental y las adicciones”, señaló.
Ávila destacó que las condiciones de pobreza y exclusión social impulsan el consumo de sustancias. “Los jóvenes recurren a estas drogas para sobrevivir al hambre, al frío, al miedo, con sustancias que cuestan 50 pesos y los anestesian durante días. Esto es una falla del estado, que no cumple con su responsabilidad de garantizar salud, alimentación y seguridad”, comentó.
Además, señaló que en investigaciones realizadas por el Observatorio han identificado a propietarios de algunos anexos vinculados con la venta de sustancias ilícitas. “Es un negocio redondo. No digo que todos los anexos lo sean, pero tenemos documentados casos donde estas personas lucran con la precariedad y la desesperación de las familias”, afirmó.
Ávila criticó al Poder Legislativo y al Ejecutivo por no destinar recursos ni implementar políticas públicas efectivas para abordar esta problemática. “Los anexos irregulares existen porque no hay una atención integral a la salud mental ni a las adicciones. El Ejecutivo invisibiliza el problema desde una mirada clasista, dejando que los pobres se arreglen como puedan”, declaró.
La presidenta del Observatorio hizo un llamado a las familias que recurren a estos centros para que verifiquen su legalidad y credenciales. Además, instó a las autoridades a regular estos espacios, garantizar la presencia de personal interdisciplinario como psicólogos, médicos y enfermeras, y permitir visitas regulares de los familiares.
“No pedimos que desaparezcan los anexos, sino que sean lugares dignos, regularizados y accesibles para quienes no pueden pagar tratamientos en clínicas privadas que cuestan más de cien mil pesos al mes”, concluyó.
Asimismo, exhortó a las familias y a las instituciones como el ISSEA, Agua Clara y el Congreso a trabajar juntos para exigir alternativas integrales y dignas que atiendan tanto la salud mental como las adicciones, y que aborden de raíz las condiciones de violencia y exclusión que afectan a la juventud.
